CUENCA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -
Los concejales de Izquierda Unida y del PSOE de la localidad conquense de Mota del Cuervo manifestaron hoy, a fin de aclarar los motivos del acuerdo plenario del 28 de noviembre de 2008, por la que los concejales decidieron retirar el monumento a los caídos, y para que nadie pueda "tergiversar o manipular dichos motivos", que "los concejales tienen la obligación, por imperativo legal, de cumplir y hacer cumplir las leyes aprobadas en el parlamento".
Según informaron ambos grupos en un comunicado de prensa conjunto, la ley vigente de Memoria Histórica ordena, expresamente, a las administraciones públicas "la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra civil y de la represión de la Dictadura".
En este sentido, recuerdan que el espíritu de esta ley establece que los símbolos deben ser ocasión de encuentro y no de enfrentamiento entre los ciudadanos. Ignorar esta ley sería vulnerar el ordenamiento jurídico.
El monumento a los caídos, tanto el que estaba situado junto a la fachada norte de la parroquia como el que está ubicado en el cementerio municipal, fue levantado para perpetuar la memoria de la victoria de la Guerra Civil (según acuerdo de pleno de 1 de junio de 1939), conforme a las instrucciones del Ministerio de la Gobernación en la época y para homenajear a las víctimas del bando sublevado, "al tiempo que deshonraba con el silencio y la ignominia a las víctimas del bando republicano".
El monumento a los caídos forma un conjunto simbólico único e indivisible. Todas las partes que lo conforman obedecían a una misma finalidad, que no era otra que la exaltación del régimen franquista. Por eso se decidió retirarlo en su totalidad.
"No nos mueve el más mínimo rencor hacia las víctimas del bando nacional, hacia la iglesia católica ni hacia ninguno de sus símbolos. Por el contrario, nuestra actitud es y seguirá siendo de un profundo respeto", apostillaron, mientras lamentaron que los responsables de la parroquia "no hayan tenido la suficiente sensibilidad cristiana ni democrática para promover la retirada del monumento tras treinta años de Democracia, a sabiendas de que muchos vecinos del municipio, con diferentes ideologías políticas, participan habitualmente en sus ritos religiosos".
En este sentido, indicaron que no son ellos los que agravian la Cruz, "que debiera simbolizar a la persona que hizo del perdón, el amor y la reconciliación su modo de vida", sino que son los que la utilizaron políticamente para bendecir la Dictadura y el Franquismo "los que la han agraviado".
La prueba de su respeto al símbolo de la cruz y a cualquier símbolo religioso "es que nuestros concejales aprobarían, si la Iglesia lo solicita, la instalación de otra cruz distinta en el mismo lugar".
Los informes técnicos que obran en el expediente municipal señalan que el monumento a los caídos estaba ubicado en terrenos de dominio público y que fue financiado con fondos municipales, por lo que no era necesario solicitar formalmente el permiso del Obispado, "a pesar de lo cual hemos intentado mantener en todo momento una buena comunicación con la parroquia, el Obispado y los familiares de las personas cuyos nombres aparecían grabados en la piedra".
"Sentimos la misma indignación por las víctimas injustamente asesinadas, con independencia del bando del que formaban parte", aseguraron ambos grupos.
Finalmente, lamentaron que personas del pueblo se puedan haber sentido molestas con esta actuación, que era necesaria para que ningún símbolo público pudiera ser motivo de rivalidad en el presente y en el futuro. Pero, "tienen que comprender que no estamos poniendo otro monumento en su lugar que exalte a las innumerables víctimas de la República, y al que tendrían derecho, por estricta igualdad, durante 68 años".
Por tanto, indicaron que "renunciamos a ese derecho en aras de la reconciliación", ya que el único recuerdo que debe perdurar en la memoria es que aquella guerra jamás debía haber ocurrido y jamás debe volver a ocurrir. "Mantener dos monumentos exaltando a ambos bandos, además de ilegal, tampoco hubiera sido una solución aceptable, ya que sería perpetuar para siempre en nuestro pueblo la memoria del conflicto", concluyeron.
