TOLEDO, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) en Castilla-La Mancha y magistrado del Juzgado de lo Social de Albacete, José Ramón Solís García del Pozo, afirma que la situación de la Administración de Justicia es "peor" un año después de la huelga de jueces que desencadenó la sentencia contra el juez del caso Mari Luz, Rafael Tirado, debido en gran parte al aumento de las más empresas concursadas por la crisis.
"Los ciudadanos ven que sus asuntos tardan más en resolverse que el 18 de febrero del año", dijo, recordando la fecha en la que se fijó una protesta a nivel nacional por la falta de medios en la Administración de Justicia después de que el Consejo General del Poder Judicial multara con 1.500 euros al titular del juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, Rafael Tirado, por no ejecutar la condena contra el presunto asesino de Mari Luz Cortés, Santiago del Valle.
Así, afirmó que siguen siendo muy alto el número de sentencias que se quedan sin ejecutar "por falta de personal y medios". "El caso de Mari Luis Cortés puede volver a repetirse", dijo el magistrado de lo Social de Albacete advirtiendo que, un año después "los juzgados siguen saturados, con cargas de trabajo excesivas y con el mismo problema de falta de jueces, de personal y de medios, siendo una queja común los fallos del sistema informático".
En este contexto, situó las necesidades de planta judicial en 30 o 35 nuevas plazas para Castilla-La Mancha, en torno a un 20 por ciento más de la actual, teniendo en cuenta que el "incremento de la actividad judicial ha sido extraordinario" en el último año debido en gran parte a la crisis económica, que ha llevado a muchas empresas a presentar concurso de acreedores y a muchos trabajadores a reclamar el pago de sus salarios.
Para explicar la situación, el magistrado indicó que si normalmente los órganos judiciales soportan cargas muy superiores a los límites establecidos para garantizar una prestación de este servicio de calidad a los ciudadanos, hay casos en los que el "colapso" se dispara, como es el caso de los Juzgados de lo Mercantil, del Juzgado de Primera Instancia de Albacete, de lo Penal en Toledo y Ciudad Real, o de lo Social en Toledo y Guadalajara.
Y poniendo como ejemplo el Juzgado de lo Social de Albacete, donde él es magistrado, señaló que si el año pasado los señalamientos podían tardar en realizarse entre 6 y 7 meses, a día de hoy "ya se están señalando juicios para dentro de 10 meses". "Para mí, esto ya es un fracaso de la Justicia", enfatizó Solís, que reparó en la "urgencia" de una persona que necesita cobrar su salario para alimentar a su familia o hacer frente a sus deudas.
En este contexto, admitió que es "posible" que los jueces vuelvan a repetir las protestas del año pasado porque "la situación es complicada". "Si la cuestión sigue sin solución, tendremos que poder llamar la atención sobre esta situación, es parte de nuestra responsabilidad", declaró el también miembro de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM).
Así, aunque eludió establecer un plazo al Ministerio de Justicia para avanzar en los asuntos pendientes, el magistrado condicionó una nueva huelga de jueces a que en un plazo determinado de tiempo "se den pasos" en la dirección de implantar la nueva Oficina Judicial, puesto que, según dijo, establece una nueva organización interna que favorecerá la eficiencia del servicio de Justicia.
En este sentido, si bien admitió que "las relaciones han cambiado con el Ministerio de Justicia" a raíz de la sustitución de Mariano Bermejo por Francisco Caamaño, a día de hoy sigue sin haber resultados. "Tener un cauce de comunicación con el Gobierno es importante, pero lo es más que se den soluciones", afirmó Solís, para quien urge "un plan de futuro serio" que mejore la Justicia.
