TOLEDO, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica este miércoles la instrucción sobre la inclusión de cláusulas sociales en los contratos públicos, que entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Según publica el DOCM y recoge Europa Press, esta instrucción se aplicará a los expedientes de contratación que se aprueben con posterioridad a la citada fecha. No obstante, esta instrucción no será aplicable a aquellos expedientes de contratación que a la indicada fecha ya hubieran sido fiscalizados favorablemente por la intervención correspondiente o, en el supuesto de expedientes de contratación no sujetos a función interventora previa, se hubiera publicado la correspondiente convocatoria del procedimiento de adjudicación del contrato.
La Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas solicitará periódicamente información a los distintos Órganos de Contratación de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus Organismos Autónomos y resto de entes y entidades que integran el sector público regional, relativa a la incorporación en sus expedientes de contratación de cláusulas sociales al amparo de la presente Instrucción.
Entre las novedades que supone la instrucción destaca la posibilidad de que la Administración regional pueda resolver el contrato o imponer penalizaciones económicas a la empresa adjudicataria en el caso de esta incumpla algunas de las cláusulas sociales recogidas en el expediente de contratación
Las cláusulas sociales que se incluyen en la instrucción están encaminadas a mejorar la protección del medio ambiente, promover la estabilidad en el empleo y la inserción laboral de las personas con discapacidad, potenciar la seguridad y salud laboral, promocionar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y fomentar el empleo de personas en situación de exclusión social.
Entre las causas específicas de resolución de un contrato la instrucción incluye el impago a cualquiera de los trabajadores adscritos a la ejecución del mismo de la totalidad de los salarios y cantidades adeudadas por la empresa contratista, cuando dicho impago sea por tiempo igual o superior a dos meses; el abono de salarios a los trabajadores por debajo de lo establecido en el convenio colectivo; el incumplimiento del deber de afiliación y alta en la Seguridad Social de los trabajadores y el impago de las cuotas de la Seguridad Social.
Las cláusulas sociales que serán de obligatoria inclusión para todos los contratos del sector público regional son, entre otras, la obligación de la empresa adjudicataria de no tributar en paraísos fiscales. Igualmente, en los pliegos de prescripciones técnicas se garantizará que los productos o servicios son accesibles para las personas con discapacidad y que todos los documentos que formen parte de los expedientes de contratación utilizan un lenguaje no sexista.
Habrá otra serie de cláusulas sociales que serán obligatorias en función del tipo de contrato, como, por ejemplo, que en las nuevas contrataciones de personal durante la ejecución del contrato se respete la normativa que en materia de empleo establece los colectivos prioritarios, es decir, se contrate a las personas con dificultades de integración en el mercado de trabajo.
Entre este tipo de cláusulas también se incluye garantizar durante la vigencia del contrato la igualdad entre mujeres y hombres; adoptar medidas para prevenir, evitar y erradicar el acoso sexual y el acoso por razón de género y establecer medidas que favorezcan la conciliación de la vida personal, familiar y laboral de los trabajadores.
La instrucción, elaborada por la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas, también recoge un tercer tipo de cláusulas, que son de carácter voluntario y que varían en función de cada contrato, entre las que se encuentran la reutilización o reciclaje de envases y productos usados, su correcta eliminación a través del gestor autorizado y la recogida selectiva de residuos.
Esta instrucción será de aplicación a los contratos que celebre la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, sus organismos autónomos y el resto de entes y entidades que integran el sector público regional, quedando excluidos del ámbito de aplicación aquellos realizados a través de la adhesión al sistema de contratación centralizada de otras administraciones públicas y los contratos menores.
