El PP de C-LM pide a Barreda que defienda el principio de igualdad en la negociación de la financiación autonómica

Actualizado 19/05/2008 16:15:33 CET

Los 'populares' ven que el Gobierno debería esperar a que TC estudie el recurso interpuesto sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña

TOLEDO, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Carmen Riolobos, pidió hoy al presidente del Ejecutivo regional, José María Barreda, "que no traicione y defienda" los acuerdos sobre financiación autonómica fijados entre el PSOE y el PP en las Cortes durante la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que dictan que ésta "debe basarse en los principios de igualdad, solidaridad y cohesión territorial".

En rueda de prensa, Riolobos defendió la necesidad de que todas las comunidades autónomas tengan los mismos servicios, "ya que el PP no aceptaría un paso atrás de Barreda".

"Le pedimos que haga lo posible por salirse de esa política de sumisión y de regalar fotos a ministros que vienen sin traer nada, ni comprometerse con nada", señaló aludiendo a la presencia de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, durante la firma del Pacto por la Vivienda de Castilla-La Mancha o su visita a varios parques empresariales de la región hoy.

Asimismo, la portavoz regional instó a Barreda a que defienda "con firmeza" la financiación que Castilla-La Mancha necesita, "porque todos los castellano-manchegos tenemos derecho a tener los mismos servicios que el resto de las comunidades autónomas en materia de educación, sanidad, bienestar social, justicia, medio ambiente, construcción de carreteras o vivienda".

También se refirió a la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que tendrá lugar mañana entre el Gobierno de España con todas las comunidades autónomas para estudiar la financiación de las autonomías, así como a una próxima reunión del día 28 de mayo, de la Comisión Mixta del Gobierno central y la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, explicó que, según exige el Gobierno de Cataluña, el nuevo modelo de financiación autonómica debería aprobarse antes del 9 de agosto, aventurando que la nueva hoja de ruta que podría plantear mañana el Gobierno "es que la nueva Ley Orgánica de la Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA) entrara en el Parlamento a partir de septiembre, para quedar aprobada a finales de 2008 y comenzar a aplicarse en el 2009".

Por ello, aclaró que la posición del Partido Popular es que se debería tener en cuenta que el Tribunal Constitucional (TC) está estudiando un recurso interpuesto por el PP sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, "que es el que está forzando toda la maquinaria en un momento de vacas flacas", por lo que, a su juicio, "el Gobierno debería esperar a que se resuelva para hacer lo que realmente hay que hacer, porque si si los catalanes siguen presionando, podría alterar todo el modelo de financiación".

ANTECEDENTES.

Así, señaló que los antecedentes "son los que más nos preocupan", porque según Riolobos, apuntan a una "falta de fuerza y liderazgo del señor Barreda, que ha demostrado sus relaciones de sumisión ante el Gobierno de España", reiterando la visita de la ministra de Vivienda a Castilla-La Mancha, "para hacerse una foto gratis, ya que no ha traído ninguna promesa ni ningún compromiso".

Asimismo, recordó unas afirmaciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, durante una comparecencia del pasado martes en la que, según Riolobos, afirmó que el sistema de financiación debe ser el que implique a las comunidades autónomas en mayor medida en la obtención de recursos fiscales, lo que para el PP significa que "en mayor medida, las comunidades van a tener que recaudar más si quieren tener mayores servicios", expresó.

También recordó que Zapatero señaló la necesidad de avanzar en la corresponsabilidad fiscal, en el equilibrio entre gastos e ingresos, y en conocer la finalidad de todo el dinero que se da a las comunidades autónomas.

"Aquí había palabras sutiles y una carga de profundidad contra las comunidades autónomas que somos más pobres o tenemos menos recursos, porque estas palabras significan que las comunidades que tengan menos dinero, recibirán menos dinero para la prestación de servicios o que estos sean de peor calidad", indicó.

Asimismo, señaló que "se está hablando de recortar el fondo de suficiencia, que es esa cantidad de dinero que se destina a las comunidades autónomas que más lo necesitan porque tienen menos ingresos propios".

"Esto no nos hace ser optimistas, sino que nos preocupa, y por eso advertimos a José María Barreda que defienda a capa y espada el acuerdo unánime entre el PP y el PSOE de Castilla-La Mancha", apostilló, asegurando que cuando se aprobó el Estatuto regional "se dejó muy claro que el principio de multilateralidad es inamovible".

PRESIONES CATALANAS.

Así, resaltó que "es muy curioso que se reúna mañana Zapatero con las comunidades autónomas, y ocho días después se celebre una Comisión Mixta entre la Generalitat y el Estado, donde se van a acordar esos principios que defiende el presidente de Cataluña, José Montilla, y una especie de frente catalán que se ha hecho para defender quedarse con más dinero".

"No podemos ceder a las presiones de los catalanes", advirtió, "porque en su Estatuto hay determinados temas, como el principio de bilateralidad, que nosotros entendemos que no se puede hacer", ya que la reforma de la financiación de las comunidades autónomas "debe hacerse por unanimidad".

En este punto, Riolobos recordó que el Gobierno catalán defiende que haya una cesión de determinados impuestos, como por ejemplo el IVA o el IRPF, "y ahí es donde está la trampa", porque subrayó que estos aumentarían en torno al 50 por ciento, "lo que se traduce en que el Gobierno de Cataluña podría tener, sólo con esta cesión, 4.870 millones de euros más que el resto de comunidades autónomas".

El problema, advirtió, "no es que algunas comunidades vayan a cobrar menos, sino que otras van a cobrar mucho más, por lo que las desigualdades se harán mucho mayores".

Así, indicó que la financiación de las comunidades autónomas se deberá acordar "por unanimidad" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, "aplicando el principio de solidaridad hasta que todas las comunidades igualen sus servicios", concluyó.