PSOE llevará a las Cortes, Diputación y ayuntamientos la posible supresión de partidos judiciales en Guadalajara

Actualizado 18/05/2012 17:46:37 CET

GUADALAJARA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE presentará iniciativas en el Congreso de los Diputados, en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la Diputación de Guadalajara y en los ayuntamientos de la provincia para mostrar su rechazo a la propuesta del Consejo General del Poder Judicial de reducir a dos los partidos judiciales de Guadalajara.

Así lo ha anunciado la diputada del PSOE por Guadalajara Magdalena Valerio quien ha explicado que presentarán todas estas iniciativas para pedir que se cumpla con lo estipulado en la Ley Orgánica del Poder Judicial y en el Estatuto de Castilla-La Mancha, según ha informado el PSOE en nota de prensa.

"Vamos a pedir a Cospedal, a Antonio Román como presidente provincial y diputado nacional del PP, y también al secretario de Estado de Justicia, que es de Guadalajara y conoce perfectamente las necesidades de esta provincia, que se unan a nuestras iniciativas para defender los intereses de Guadalajara y de Castilla-La Mancha", ha sentenciado Valerio.

En la actualidad existen tres partidos judiciales: Guadalajara que atiende a una población de 229.608 habitantes, Sigüenza con 12.371 habitantes y Molina de Aragón, del que dependen 9.584 habitantes.

Según los socialistas, un informe del Consejo General del Poder Judicial, que se ha hecho público, propone reducir a dos el número de partidos judiciales y contempla dos posibilidades para hacerlo. Una consistiría en agrupar los partidos de Guadalajara y Sigüenza en uno solo, que englobaría a cerca de 250.000 habitantes, dejando el partido de Molina como está.

La propuesta alternativa, según los socialistas, sería no tocar el partido judicial de Guadalajara y unificar los de Sigüenza y Molina en una sola circunscripción judicial que atendería a aproximadamente 22.000 habitantes.

Valerio ha calificado de "descabelladas" ambas posibilidades, ya que "supondrían una perturbación muy importante para la ciudadanía de las zonas afectadas, cuyos habitantes tendrían que realizar largos desplazamientos para cualquier trámite judicial, y además perjudicaría la actividad económica que genera la existencia de los juzgados, por lo que se quitaría vida a estas comarcas".