TOLEDO, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Taller de Arquitectura Sánchez Horneros, tras el levantamiento de la suspensión del procedimiento de licitación del nuevo hospital de Toledo, presentará un recurso Contencioso-Administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCM) solicitando la correspondiente suspensión cautelar del proceso.
Mediante un comunicado, este taller "en el legítimo derecho de defensa de sus intereses" presentará este recurso en lo que considera "un atropello por parte de la Administración regional".
Igualmente Álvaro Siza y Antonio Sánchez Horneros, como arquitectos redactores del proyecto, interpondrán próximamente una demanda por derechos de autor basada "en las modificaciones que se le realizan a un proyecto que fue objeto de un concurso internacional convocado por la propia Administración regional y posteriormente aprobado por la misma".
Este taller ha indicado que en esa demanda está previsto solicitar igualmente la paralización cautelar de las obras "por cuanto en la jurisprudencia existen varios casos de demolición de lo construido incluso en elementos de interés general". En esta ocasión la demanda será presentada en los tribunales de Madrid.
Finalmente, el despacho de abogados Cremades y Calvo-Sotelo está estudiando las posibles responsabilidades penales de todo el proceso toda vez que la empresa que lidera la única UTE presentada, ACCIONA, una de las empresas anteriormente adjudicatarias de la obra y firmante del comprometido documento de rescisión, "ha colaborado con el Sescam en la redacción de varios documentos y modelado algunos contenidos en el pliego de la licitación de la que previsiblemente será la adjudicataria como única ofertante".
Como consideración adicional, este taller señala que "tras tres años y medio de paralización de la obra por parte del actual Gobierno regional no se puede en ningún caso acusar al Taller de Arquitectura Sánchez Horneros a estas alturas de ser los responsables de cualquier paralización futura o presente del proceso".
"Tampoco se puede utilizar como justificación para ocultar un atropello por parte de la Administración regional el paraguas de los intereses generales de los ciudadanos en perjuicio de derechos de las personas y de las empresas", aseveran desde este taller.
