El traspaso de competencias de justicia dependerá de acuerdos en inversiones, informática y funcionarios, según la Junta

Actualizado 05/10/2007 15:17:40 CET

El PP espera que las expectativas en torno al traspaso no se vacíen de contenido "alargando" la asunción de las competencias

TOLEDO, 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Justicia y Protección Ciudadana, Angelina Martínez, reconoció hoy que el traspaso de las competencias en materia de justicia a Castilla-La Mancha dependerá de que se pueda avanzar en la consecución de un acuerdo en torno a inversiones, informática y funcionarios de la administración de justicia, que son los temas que en estos momentos están "algo menos avanzados".

Durante su comparecencia en la Comisión de Justicia de las Cortes para dar cuenta del trabajo de su departamento en los próximos años, Martínez no quiso avanzar una fecha efectiva para ese traspaso competencial, ya que aunque el Gobierno tiene interés en que se haga "en el tiempo más breve posible", la prioridad, agregó, es que las competencias "vengan bien dotadas", pues "interesa más el cómo que el cuándo".

Argumentó que, aunque en otras comunidades empezaron antes a negociar las negociaciones "no son fáciles ni cortas" y el problema es encontrar un "espacio común", convencida de que "queda menos, queda mucho menos". No obstante, no se atrevió a "precisar la fecha" porque eso podría "dificultar la negociación", pero precisó que "en nuestra legislatura esto sí va a estar hecho" porque "poco sentido tendría estar aquí para no hacer nada más que atrasar".

"Sólo por tener una fecha no lo vamos a hacer mejor", apuntó y precisó que, desde que en junio de 2006 se crearon cuatro grupo de trabajo, integrados por miembros de la Junta y el Ministerio, en materia de personal, informática y telecomunicaciones, patrimonio, y coste y financiación, los trabajos están "muy avanzados" en materia patrimonial, personal laboral y administración, gastos corrientes, subvenciones a juzgados de paz y a los juzgados profesionales.

Explicó que la trasferencia tiene cuatro contenidos básicos, la gestión administrativa de los funcionarios de justicia (1.459 contando a los médicos forenses); la gestión de la bolsa de interinos; la integración de todo el personal laboral (151 entre trabajadores sociales, psicólogos o mozos de autopsia); y la creación, diseño y organización de la oficina judicial. Los jueces, fiscales y secretarios judiciales no se trasfieren y son competencia del Estado, aunque existen otro tipo de trasferencias que se realizan en cooperación.

La gestión futura de la justicia se realizará a través de siete planes estratégicos, que abordarán la nueva estructura administrativa para gestionar las trasferencias, los medios laborales, los medios materiales --entre las que figura la puesta en marcha del nuevo modelo de oficina judicial, cuya implantación será progresiva--; la modernización y mejora de archivos; un plan de actuación sobre los 52 inmuebles existentes; y otro para la organización y mejora de la medicina forense, la justicia gratuita y la justicia de paz.

OFICINAS DE INFORMACIÓN EN JUZGADOS.

Además, para el abordaje de estas competencias, la Consejería tiene prevista la creación de unidades, servicios o delegaciones provinciales, la implementación de las nuevas tecnologías, la publicación de una reglamentación para mejorar la gestión de los recursos humanos y económicos, y nuevos servicios como la puesta en marcha de oficinas de información en las audiencias y juzgados de la región para que los ciudadanos puedan conocer cómo van sus asuntos.

Actualmente, como comentó la titular de Justicia y Protección Ciudadana, en Castilla-La Mancha existen 163 plazas de jueces y magistrados, 72 fiscales, 132 secretarios judiciales y 43 médicos forenses. Sólo en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha desempeñan su labor 17 magistrados, cinco secretarios, 48 funcionarios y 13 puestos laborales.

Destacó la gestión en materia de juegos y espectáculos públicos --próximamente se aprobará un nuevo catálogo de juegos y apuestas de Castilla-La Mancha cuyo texto está pendiente de dictamen del Consejo Consultivo-- que realiza su Consejería, y el trabajo que se desempeña en materia de Protección Civil, una labor en la que no se puede improvisar.

En este punto, anunció que, en materia de formación, se van a poner en marcha nuevos cursos especializados para policías y bomberos, de árabe y rescate de discapacitados, respectivamente. En cuanto al Servicio de Urgencias y Emergencias 112, aseveró que este servicio recibe unas 4.794 llamadas diarias --aunque sólo en los meses de julio, agosto y septiembre se contabilizaron 73.854 llamadas--, de las que el 56 por ciento tuvieron un contenido sanitario, el 21 por ciento se relacionaron con la seguridad, y el 12,27 por ciento con la extinción, salvamento y rescate.

La Consejería tiene previsto en esta legislatura sacar adelante la Ley de Protección Ciudadana y la Ley de Espectáculos Públicos; mantener y finalizar el programa especial de uniformidad de la Policía Local; evaluar e impulsar las agrupaciones de Protección Civil, hacer un programa de sensibilidad en municipios para instalar planes de emergencia, elaborar un mapa de parques de bomberos, introducir nuevos contenidos en la formación de la policía base y poner en marcha un nuevo programa de cuidado al profesional, junto a otro de acercamiento y divulgación de los servicios de emergencias en Castilla-La Mancha.

GRANDES EXPECTATIVAS.

Desde el PP, la parlamentaria Natalia Tutor destacó que la creación de esta Consejería ha generado "grandes expectativas" en cuanto al traspaso de competencias de justicia, por lo que entre la responsabilidad del Gobierno, a su juicio, está la de "no defraudar esas expectativas ni vaciarlas de contenidos alargando ese traspaso competencial", dudando de que el traspaso se vaya a producir en esta legislatura e interesándose por los motivos concretos que atrasan la negociación y por los acuerdos ya alcanzados.

Tutor también preguntó por las negociaciones en torno a la casa cuartel de Toledo; por el cese del director general de Protección Ciudadana, Fernando Talavera; por las manifestaciones y quejas de los sindicatos de Policía; por el desarrollo del PLATECAM, y por la creación de un macro consorcio de bomberos.

Cuestiones a las que la consejera respondió asegurando que el escollo en la negociación de las trasferencias están en la financiación "que es donde se está yendo al detalle"; que el cese de Talavera responde a su necesidad de contar con un nuevo equipo; que antes de poner un macroconsorcio de bomberos hay que "conocer los puntos flacos", y que temas relacionados con la Policía, como la casa cuartel de Toledo o la criminalidad los abordará la próxima semana en una reunión con el delegado del Gobierno en la región, Máximo Díaz-Cano.

En otro orden de cosas, la consejera de Justicia y Protección Ciudadana, quien adelantó que el nuevo director general de Protección Ciudadana, Pascual Martínez --cuyo nombramiento publica hoy el DOCM-- tomará posesión de su cargo el martes que viene, también anunció que la Consejería contará "en un año" con un edificio propio donde se localicen todos los servicios, excepto los de Protección Ciudadana, que continuarán en la Escuela de Caza.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies