Aprobada la Ley de Turismo con más regulación y protección de recursos y cinco categorías para turismo rural

Actualizado 24/11/2010 15:14:55 CET

VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de las Cortes regionales ha aprobado por unanimidad la nueva Ley de Turismo de Castilla y León, que ordena y moderniza el sector con más regulación y protección de los recursos turísticos de la Comunidad y establece cinco categorías para los alojamientos de turismo rural, regulación pionera en España.

Según ha defendido la consejera de Cultura y Turismo, María José Salgueiro, la nueva normativa, que sustituye a la vigente desde 1997, responde a las necesidades de los turistas del siglo XXI y de los empresarios de "uno de los principales sectores económicos" de la Comunidad Autónoma (representa el 10,5 por ciento del PIB).

Además, busca la calidad en la gestión y en los servicios turísticos por lo que introduce novedades como la ampliación del catálogo de competencias de las administraciones públicas de la Comunidad y refuerza la participación y coordinación a través del Consejo Autonómico de Turismo de Castilla y León y de la Comisión Interconsejerías de Turismo.

Salgueiro, que ha destacado la participación y el consenso que han imperado en la redacción de la nueva norma, ha asegurado que la Ley, que cumple un objetivo de Legislatura, aboga por un turismo sostenible y por una mayor rentabilidad económica y social además de por la protección de los recursos con tres objetivos básicos: hacer de la calidad de los servicios el eje central, adecuar la coordinación con el resto de las administraciones y potenciar Castilla y León como un destino turístico.

Desde el Grupo Socialista, el procurador José Ignacio Martín Benito ha advertido de que el apoyo del PSOE a esta Ley no supone un "cheque en blanco" a las políticas de la Junta en materia de turismo por lo que ha reclamado que la nueva norma vaya acompañada de políticas activas que mejoren la oferta y estimulen la competitividad.

Para Martín Benito, queda mucho trabajo pendiente para corregir los desequilibrios y desajustes provinciales en materia de turismo y ha puesto sobre la mesa la promesa incumplida por el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, de crear la Oficina de Congresos de Castilla y León.

Desde el Grupo Parlamentario Popular, el procurador Luis Domingo González ha destacado la importancia que confiere Castilla y León al turismo, como un "pilar fundamental" en la arquitectura del Estado de Bienestar por su valor estratégico y por ser "el mejor instrumento de proyección" de la Comunidad.

"No podíamos ni debíamos morir de éxito, renovarse o morir", ha reconocido el procurador 'popular', quien, tras alabar los buenos datos del sector turístico regional, ha abogado por seguir trabajando para continuar mejorando y poder seguir siendo líderes, además de cumplir con la palabra dada por el presidente de la Junta para lograr un sector sostenible, accesible y competitivo a través de una nueva norma "que refuerza, además, la marca territorio de Castilla y León".

La Ley aborda la actualización de los derechos y deberes de las empresas turísticas y de los turistas con un mayor equilibrio entre ambos y regula la sobrecontratación. Así, se regulan por primera vez con rango de ley actividades turísticas y operadores como el turismo activo, los albergues en régimen turístico o las centrales de reservas, y se regulan nuevas tipologías de alojamientos o especialidades que demandan los turistas.

En este sentido los alojamientos hoteleros se clasifican en hoteles, hoteles apartamento, moteles, hostales y pensiones y se abre la posibilidad de especialización de los alojamientos hoteleros en hotel familiar, hotel gastronómico, hotel balneario y hotel con historia.

DESAPARECE EL CENTRO DE TURISMO RURAL

En el ámbito del turismo rural se recoge la nueva categoría de Hotel Rural, desaparece la categoría de Centro de Turismo Rural, se mantienen las figuras de la Posada y de la Casa Rural y se prevé la clasificación de todos los alojamientos de turismo rural en cinco categorías en función de sus instalaciones, equipamientos y servicios ofertados.

Finalmente, en los establecimientos de restauración se mantienen los tres grupos tradicionales --restaurantes, cafeterías y bares-- y se recoge como novedad los salones de banquetes y la posibilidad de especialización de los restaurantes en asador y mesón.

La Ley introduce bajo la denominación 'Castilla y León accesible' un nuevo artículo que adopta un compromiso con los discapacitados con el convencimiento de que un turismo más accesible es un turismo de más calidad. Asimismo, se concretan los recursos turísticos estratégicos que son seña de identidad de Castilla y León: la lengua castellana, la gastronomía, los bienes de interés cultural, los espacios naturales declarados protegidos, los bienes incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial y las Reservas de la Biosfera.

Asimismo, se actualizan las medidas de promoción y fomento del turismo para reforzar la marca turística Castilla y León como destino turístico global, se plantean con un carácter más abierto las declaraciones de interés turístico de Castilla y León al posibilitar declaraciones de acontecimientos de naturaleza cultural, artística, deportiva, gastronómica y festiva, y se establecen nuevas tipologías de oficinas de turismo -integradas y supramunicipales-, en coherencia con la realidad territorial y turística de Castilla y León.

Otra de las novedades de la Ley es que se reconocen por primera vez una serie de servicios que diversifican la oferta turística de la Comunidad con son los complejos turísticos de esquí y montaña, complejos de golf, palacios de congresos y oficinas de congresos, transporte público de viajeros y alquiler de vehículos con o sin conductor, organizadores profesionales de congresos, estaciones termales y otros establecimientos de turismo de salud, bodegas y complejos de enoturismo, catering, centros de enseñanza del español para extranjeros acreditados oficialmente, valorización y gestión del patrimonio cultural o natural.

Por último, se ha mejorado el capítulo de sanciones con un incremento en la cuantía de las multas. Así, por faltas leves se podrá pagar entre 100 y 900 euros, por las graves entre 900 y 9.000 y por las muy graves entre 9.000 y 90.000 euros.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies