VALLADOLID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las Cortes de Castilla y León han dado el visto bueno con el apoyo a favor de los grupos Popular y Ciudadanos a la primera ley del país que protegerá a los funcionarios y a los empleados públicos que informen de hechos que puedan ser constitutivos de delitos contra la Administración y que trata de evitar también las informaciones falsas o sin fundamento en lo que el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, ha presentado como un avance en la regeneración democrática y de la calidad de la política de la Comunidad.
El principal objetivo de la nueva norma, que propuso en su día Ciudadanos y ha asumido la Junta que ha agilizado los plazos, es tratar de prevenir conductas contrarias al interés general y al Código Ético y de Austeridad de los altos cargos, establecer herramientas para actuar cuando se producen y fijar garantías que den seguridad a los empleados públicos de Castilla y León que informen de esas conductas, en línea con algunas normas anglosajonas para facilitar que se pongan de manifiesto actos de corrupción y que el vicepresidente ha traducido como "tocar el silbato" --whistleblowing--.
Según la nueva ley, la tramitación de las informaciones de hechos constitutivos de delito se efectuará por la Inspección General de Servicios, órgano de la Administración compuesto sólo por funcionarios de carrera, que llevará a cabo una información reservada en el plazo de dos meses, que se podrá ampliar hasta un máximo de seis meses por cuestiones de complejidad de lo denunciado. La norma obliga a proteger la identidad del informante a lo largo de la tramitación y a comunicar al inicio de la información reservada al Procurador del Común, como recoge una de las tres enmiendas transaccionales aprobadas.
Una vez finalizada esa información reservada, la ley contempla tres posibles supuestos a realizar por la Inspección General de Servicios según el resultado de los hechos expuestos por el informante, remisión de las actuaciones al Ministerio Fiscal si se aprecia indicio de delito, informe con propuesta de apertura de expediente sancionador si no se aprecia delito pero sí una posible infracción administrativa o ninguna actuación si no se aprecian responsabilidades de ningún tipo.
Entre las garantías a los informantes públicos, que se extenderán también al personal laboral tras modificación normativa, la Ley recoge expresamente que no podrán adoptarse medidas motivadas por la información y que puedan perjudicar la situación laboral del informante y prevé también a petición del interesado el traslado temporal a un puesto de trabajo de similares características. La duración del traslado se extenderá hasta un año después de que la Inspección General de Servicios haya emitido el informe que ponga fin a las investigación y si llega al Ministerio Fiscal hasta que transcurra un año de la sentencia firme o del archivo definitivo.
Esas garantías se darán desde que la información entra en la Inspección hasta que se desarrollen las actuaciones y, en caso de que llegue al Ministerio Fiscal, mantendrán su vigencia hasta que haya transcurrido un año desde que se dicte sentencia firme o hasta que se decrete el archivo definitivo. Esas mismas garantías se aplicarán a quienes opten por denunciar directamente ante el Fiscal o ante la autoridad judicial. Finalmente y para buscar el "justo equilibrio" la Ley establece como falta grave los supuestos de informaciones "manifiestamente infundadas".
PODRÍA HABER IDO MÁS LEJOS
Desde la bancada naranja, su portavoz, Luis Fuentes, ha destacado el "notable avance" de una Ley que "podría haber ido más lejos" por lo que ha dudado de la verdadera voluntad del PP pero ha apostado por la capacidad de diálogo de un Gobierno que "negocia poco" para apelar a una mayor dosis de acuerdo también con el resto de la Cámara.
Entre los 'debes' de la nueva norma, el portavoz de Ciudadanos ha echado de menos una mayor tutela por parte del Procurador del Común, como comisionado de la transparencia, pero se ha quedado que con esta "innovadora ley" se dan pasos en la lucha contra los corruptos que, a partir de esta noche, "dormirán un poco más nerviosos y los denunciantes un poco más tranquilos".
"El término reservado es reservado", ha respondido el portavoz del Grupo Popular, Juan José Sanz Vitorio, a esas críticas sobre la falta de tutela del Procurador del Común, quien ha advertido además de algunos intentos de mentiras con ánimo de intoxicar.
Las principales críticas a la ley han llegado desde el PSOE que ha mantenido vivas doce enmiendas para proteger eficazmente a los que denuncien conductas ilícitas. "No podemos estar de acuerdo en cuanto al fondo", ha explicado el procurador Luis Briones , "muy decepcionado" con Ciudadanos ya que el espíritu de lo aprobado no se corresponde con el objetivo inicial por su "falta de valor" para haber exigido mejoras al PP, al que ha acusado de pura estética.
Briones ha dudado de las garantías a los empleados públicos por una interferencia de la Administración que, a juicio del PSOE, no se debería producir y ha propuesto más garantías de anonimato a través del Procurador del Común o de los grupos, carencias que han motivado la falta de apoyo de los socialistas a la nueva norma. "No hay garantías, hay amenazas", ha advertido el socialista en contra de un "procedimiento diabólico" en lo que ha considerado "una espada de Damocles" que "mata a la paloma mensajera".
"Que el que denuncie no tenga miedo, esa es la verdadera garantía", ha reivindicado Briones, en su crítica a una ley "poco garantista" que sólo recoge "algún ejemplo de protección en general" que ya existía, ante lo que Sanz Vitorio, que ha negado cualquier afán de persecución a los funcionarios, ha defendido que el sistema de garantías es "sobradamente amplio" para abogar por una "doble circulación de responsabilidades". "Algún empleado público que no tiene intención de hacer una denuncia falsa tiene algún problema con esta redacción", se ha preguntado.
Por parte de Podemos, Natalia del Barrio, que ha defendido cinco enmiendas, se ha mostrado decepcionada por la tramitación de una Ley cuyo espíritu compartía la formación morada que ha cuestionado el cambio de 180 grados que se ha dado al texto en lo que cree "un despropósito absoluto" puesto que no se elimina la persecución a los empleados por denuncias falsas. "Es la prueba evidente de que ustedes no se fían de los funcionarios", ha achacado Del Barrio al PP en su argumentación en contra a una ley "de persecución" al funcionario.
Desde el Grupo Mixto, su portavoz, José Sarrión, de IU, ha rechazado la norma, que ha equiparado a una "segunda Ley mordaza" por considerar que ha pervertido su filosofía inicial, "que era buena", al impedir que quien investigue a la Junta sea un órgano externo, como, por ejemplo, el Comisionado de la Transparencia dependiente del Procurador del Común.
Sarrión ha advertido de la "amenaza permanente" a las personas que denuncian, a pesar de reconocer que se ha suavizado en las transacciones del texto, y ha defendido que las garantías no caduquen. "Se ha desperdiciado una ocasión única y por favor, no mientan no engañen", ha sentenciado el procurador de IU en la defensa de sus 16 enmiendas.
En esta ocasión, en el debate entre el vicepresidente, los representantes del PP y los intervinientes de IU y Podemos ha tenido como protagonista al Gobierno de Aragón donde se tramita el "Estatuto del Denunciante" que abre la posibilidad a responsabilidades disciplinarias o penales contra el falso denunciante con críticas de las partes por sus particulares lecturas de ese texto.
Finalmente, el procurador leonesista, Luis Mariano Santos, que ha mantenido vivas cinco enmiendas, se ha abstenido ante la falta de suficientes garantías para que los funcionarios puedan ejercer su derecho a denunciar para lo que ha abogado por otros mecanismos y plazos.
