SEGOVIA, 10 Abr. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Instrucción Número 5 de Segovia ha archivado la querella por prevaricación administrativa interpuesta por la concesionaria del aparcamiento de José Zorrilla conta la actual alcaldesa, Clara Luquero, y su antecesor, Pedro Arahuetes; entre otros, por la forma de resolución del contrato de explotación de las instalaciones.
Entre los querellados se encontraban también el primer teniente alcalde y concejal de Urbanismo, Alfonso Reguera, y los tres ediles que ocuparon ese departamento municipal antes que él, Juan José Conde Arambillet, Juan Cruz Aragoneses y José Llorente Morales, además del técnico municipal, David Álvaro Rodríguez.
La regidora ha afirmado este lunes que el archivo es "lógico", dado que la querella no tenía "ni pies ni cabeza". El asunto tiene su origen en el contrato firmado en el año 2002, para la construcción y explotación de un aparcamiento público de vehículos de la que se hizo cargo la Unión Temporal de Empresas (UTE) Promoción y Gestión de Servicios Urbanos-Pigsur y Construcciones y Obras Llorente (Collosa).
La concesarionaria cerró de forma definitiva el aparcamiento en mayo de 2016, después de que desde noviembre de 2015 el acceso estuviera restringido a los titulares de plazas cedidas o en alquiler y se suprimieran las de rotación con motivo de las discrepancias entre la concesionaria y el Ayuntamiento.
El conflicto obedecía a la consideración por parte de la UTE de que el Consistorio había incurrido en un incumplimiento "grave" de las condiciones del contrato por haber promocionado, según la concesionaria, el aparcamiento gratuito del Regimiento, próximo al aparcamiento subterráneo de José Zorrilla, y por ello reclamaba un reequilibrio económico para compensar las pérdidas, que no fue atendido por la institución local.
En ese sentido, Clara Luquero ha recordado que el espacio de la zona del Regimiento estaba abierto "antes" de la concesión a la UTE, que además había argumentado que el Ayuntamiento había ampliado ese espacido, "cuando fue al contrario", según ha agregado. En cualquier caso, ha apostillado que "todas las ciudades" presentan "zonas degradadas" que los ciudadanos usan para aparcar sus vehículos.
Luquero ha relatado que, con Pedro Arahuetes en la Alcaldía, se cerró parte del espacio y que, tras su llegada al cargo, se clausuró de manera definitiva. Otro de los argumentos de la concesionaria se dirigía al supuesto aumento de las plazas de aparcamiento en superficie en la zona, lo que también ha rechazado la alcaldesa, ya que la reurbanización de la calle José Zorrilla significó una reducción de esas plazas, según ha indicado.
CONTRATO RESUELTO
El 22 de febrero de 2016 el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Segovia declaró resuelto el contrato por causa imputable al Ayuntamiento, a la vez que obligaba al Consistorio a incoar el expediente de liquidación y a indemnizar por el valor de las inversiones realizadas y por los daños y perjuicios causados, que globalmente la parte reclamante cifraba en unos diez millones de euros.
Dicha resolución de primera instancia fue posteriormente ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento mediante sentencia de 15 de julio de 2016, al tiempo que inadmitió el incidente de nulidad de sentencia presentado contra aquella el 15 de septiembre del pasado año.
Finalmente, las arcas municipales tendrán que desembolsar por la liquidación del contrato alrededor de 1'1 millones de euros, según ha calculado Luquero. Una cantidad que ya está prevista en una partida de los presupuestos municipales de 2017, para cumplir la sentencia, que es firme.
Aparte queda el cálculo de los daños y perjuicios, para lo que el equipo de gobierno municipal ha acudido a una consultora externa, para que los datos estén "más respaldados", según la regidora, que ha previsto que la UTE rechazase la valoración efectuada por los técnicos del Consistorio.
Clara Luquero se ha referido a la postura que ha mantenido la concesionaria como una "amenaza", que "cumplieron", después de que el Ayuntamiento no admitiera el "chantaje", orientado a adelantar el periodo de pago y a asumir las cantidades que fijaba la UTE.
Lo que ha deseado la regidora es que todo este proceso finalice para que la instalación pueda volver a abrir al público. Y aunque inicialmente se apuntó al último trimestre del año para que eso sucediera, Luquero no se ha atrevido a precisar cuándo se puede producir esa reapertura.
Tampoco cuál será la fórmula aplicada a partir de ahora y si se optará por una nueva concesión. De no ser así, el Ayuntamiento abrirá el aparcamiento mediante gestión directa. Al menos durante un "proceso de tránsito", para que no permanezca "tanto tiempo" cerrado.
En cuanto a la cantidad a abonar por daños y perjuicios, la alcaldesa ha reconocido que si ambas partes no se ponen de acuerdo, tendrá que ser nuevamente el juzgado el que dirima el asunto.
