VALLADOLID, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT han reclamado más medidas en el ámbito laboral, educativo e institucional, y una mayor coordinación contra la violencia de género así como el desarrollo de la Ley sobre esta materia aprobada en Castilla y León.
Así lo han expresado la secretaria de Mujer y Políticas de Igualdad de CCOO en Castilla y León, Rosa Eva Martínez Gómez, y la técnica de la secretaría de Igualdad de UGT en la Comunidad, Rosario Arconada, quienes han presentado su manifiesto con motivo del Día Internacional contra la violencia de género acompañadas de los secretarios autonómicos de ambos sindicatos, Ángel Hernández (CCOO) y Agustín Prieto (UGT), respectivamente.
En este marco, Rosa Eva Martínez, además de hacer un llamamiento a la participación en las manifestaciones convocadas en las diferentes localidades, ha expresado la "denuncia" de los sindicatos hacia la violencia de género una "lacra social" que atenta contra los Derechos Humanos y ha abogado por su eliminación.
Sin embargo, ha incidido en las políticas de recortes que se llevan a cabo en estos años de crisis, que considera que no favorecen la salida de esta situación, ya que se ha producido una ausencia de políticas de igualdad, un retroceso ideológico y educativo e incluso desprotección social, todo ello en un contexto de alto desempleo, sobre todo entre mujeres, y una insuficiente protección de las víctimas, lo que no influye positivamente para evitar este tipo de violencia.
La responsable de Mujer de CCOO ha recordado que en lo que va de año han sido asesinadas 45 mujeres, dos de ellas en Castilla y León, pero además se han incrementado las denuncias en el primer semestre del año, con 2.526 en Castilla y León, 669 más que en el mismo periodo del año anterior, según el Observatorio para la Violencia del Consejo General del Poder Judicial.
Estos datos, que considera "terribles" pero que sirven para "argumentar", ponen "en tela de juicio" el fracaso de las políticas contra la violencia de género, por lo que los sindicatos demandan a las administraciones públicas una actuación integral y coordinada, fundamentalmente en tres ámbitos como el educativo, el laboral y el institucional, para que no se repitan estas situaciones.
DESARROLLO LEGISLATIVO
A este respecto, Rosario Arconada ha enumerado las diferentes medidas, entre ellas la reivindicación a la Junta de Castilla y León del desarrollo de la Ley contra la violencia de género en la Comunidad, que critican que además de no haberse desarrollado después de tres años no cuenta con una planificación, algo que solicitan "un año más" para que haya actuaciones y recursos suficientes en esta materia.
De la misma forma, los sindicatos reclaman el desarrollo y ejecución de las medidas contra la violencia de género incorporadas en el Plan de Apoyo a las mujeres en el medio rural 2010-2015.
Arconada, además, ha pedido que se haga una evaluación inicial y también continua de la Ley para comprobar su eficaz aplicación y continue el trabajo de los grupos creados para alcanzar el objetivo de 'Tolerancia Cero', especialmente en el ámbito laboral.
También en el ámbito institucional, los sindicatos piden, entre otras medidas, un seguimiento integral de los casos de violencia para prevenir riesgos y para un adecuado tratamiento de los déficit detectados en la asistencia jurídica previa; analizar y corregir fallos en la coordinación institucioal; impulsar la formación entre los diferentes operadores jurídicos, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y profesionales que intervienen en los procesos de violencia de género y restablecer las competencias municipales de igualdad para la asistencia integral de mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijos, eliminadas con la reforma de la Administración Local.
Por otro lado, en el ámbito laboral reivindican impulsar el empleo y garantizar el conocimiento de los derechos laborales; campañas informativas y de sensibilización; aplicar, desarrollar y evaluar las medidas y bonificaciones relativas al fomento del empleo, del Programa de acción específico de inserción socio-laboral de las víctimas; garantizar la singularidad de las mismas en los programas de formación y talleres de empleo, cuestiones que han echado de menos desde el fin del Plan Dike en 2012 o promover un trabajo conjunto y coordinado con los agentes sociales en los acuerdos de empleo realizados con grandes empresas, entre otros.
Por lo que se refiere al ámbito educativo, los sindicatos defienden la derogación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), que consideran "regresiva" por desaparecer los contenidos específicos sobre igualdad y prevención de la violencia de género; impulsar planes de formación sobre estas materias entre los profesionales; materiales y contenidos curriculares sin estereotipos sexistas ni lenguaje discriminatorio; o campañas de difusión, entre otras.
