Los Centros Especiales de Empleo ocupan a 5.462 personas con discapacidad

Actualizado 13/04/2018 10:37:51 CET

ARROYO DE LA ENCOMIENDA (VALLADOLID), 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los 215 Centros Especiales de Empleo de Castilla y León ocupan a un total de 5.462 trabajadores con discapacidad, un 9 por ciento más respecto al objetivo de legislatura el presidente, Juan Vicente Herrera, fijó en 5.000 trabajadores, según ha constatado el consejero de Empleo, Carlos Fernández Carriedo, que presidido este viernes el Consejo de Economía Social en el que ha realizado un balance las actuaciones realizadas en 2017.

Según ha detallado, a 31 de diciembre de 2017 se habían alcanzado los 5.462 empleados con discapacidad en los CEE, que se incrementan también por primera vez hasta llegar a los 215 Centros Especiales empleo registrados en Castilla y León.

Según ha relatado, desde el traspaso de las competencias de los CEE por parte del Gobierno central, en 1995, se ha realizado un "importante esfuerzo de apoyo" desde la Junta de Castilla y León para permitir que las personas con discapacidad accedan al empleo. "De esta forma se ha dignificado la vida de estos trabajadores y han obtenido un alto nivel de autonomía económica y personal", ha aseverado.

En 1995 existían en Castilla y León 47 centros que empleaban a 770 personas. En la actualidad hay en la Comunidad 215 Centros Especiales de Empleo, casi cinco veces más entidades que han septuplicado el número de trabajadores con discapacidad hasta alcanzar 5.462 empleados a 31 de diciembre de 2017.

Durante la reunión ha informado de que en 2017 se ha adelantado el cumplimento del compromiso adquirido, también para el final de legislatura, de alcanzar la financiación de 75 por ciento del SMI y ha recordado que recordar que la Junta ha asumido en este esfuerzo presupuestario el incremento del 8 por ciento del SMI establecido por el Estado el año pasado.

MÁS RECURSOS EN 2018 PARA LA ECONOMÍA SOCIAL

Por otra parte, ha informado de que la inversión de la Consejería de Empleo en 2018 se incrementa un 4,2 por ciento, hasta los 25.013.001 euros, para seguir impulsando la integración de personas con discapacidad, tanto en CEE como en empresa ordinaria y empresas de inserción; así como el crecimiento de las cooperativas y las sociedades laborales.

A esto ha unido que la Consejería de Empleo ha anticipado la convocatoria de la mayor parte de las líneas de ayuda para 2018 en el pasado mes de diciembre con el objetivo de facilitar e incrementar los plazos para la presentación de solicitudes.

Durante la reunión de trabajo se ha informado a los representantes del Consejo de la Economía Social del estado de tramitación de la modificación de la Ley 4/2002 de 11 de abril, de Cooperativas de la Comunidad de Castilla y León.

Desde el último consejo celebrado el pasado mes de junio se han realizado los trámites correspondientes al Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadísticas; se ha obtenido el Informe del Consejo Económico y Social de Castilla y León; el Informe de la Dirección de los Servicios Jurídicos de la Junta; y el Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León.

Por otro lado se ha realizado la comunicación previa a su aprobación en Comisión Delegada de Asuntos Económicos; se informó de la presentación de la ley en Comisión de Secretarios, previa a la aprobación del proyecto de ley por parte del Consejo de Gobierno; y finalmente la remisión como Proyecto de Ley a las Cortes de Castilla y León para tramitación parlamentaria en la que se ha finalizado el plazo de presentación de enmiendas para su futuro debate en el Pleno.

Por último, se ha informado durante la reunión de trabajo sobre la incidencia de la nueva ley de Contratos del Sector Público en las empresas de la Economía Social. La Ley tiene una doble función: la trasposición de las directivas europeas en materia de contratación pública y sobre la adjudicación de contratos de concesión; y la regulación de un nuevo modelo de contratación pública responsable en la que se establece la obligatoriedad de incorporar criterios sociales, medioambientales y de innovación en todas las fases de los contratos.

De la misma manera, se establece la reserva del derecho a participar en los procedimientos de adjudicación a Centros de Economía Social y a empresas de inserción, además de la evaluación de criterios sociales, medioambientales y de innovación, entre otros aspectos.

"En definitiva, se crea un sistema de contratación pública más avanzado, más social, medioambiental e innovador y más cercano a la responsabilidad social", ha concluido el consejero de Empleo.