Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 29/01/2011 11:41
El Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) ha emitido el informe relativo al anteproyecto de Ley de la Ciudadanía de Castilla y León en el Exterior, en cuyas conclusiones apunta a que la norma podría incurrir en una "extralimitación" de la aplicación subjetiva del Estatuto de Autonomía y aboga por que se ciña exclusivamente a criterios de empadronamiento.
En el informe emitido por la institución que preside José Luis Díez Hoces realiza una evaluación favorable al objetivo del Anteproyecto de Ley que obedece al desarrollo del artículo 9 del Estatuto de Autonomía, aunque, a juicio del CES, "es cuestionable que se haya concretado un adecuado desarrollo de las previsiones estatutarias".
Para la institución la normativa debería concretar más qué debe entenderse por ciudadano "oriundo o precedente" de la Comunidad. Así, según el informe, los criterios que corresponderían a la Comunidad a la hora de realizar la concreción subjetiva de los destinatarios únicamente podrían ser los relacionados con la vecindad administrativa, es decir, el empadronamiento.
Sin embargo en el Anteproyecto se establece que para ser ciudadano oriundo o procedente de Castilla y León se puede hacer uso de criterios "propios de la determinación subjetiva de normas civiles" y señala que incluso puede tener la condición de ciudadano procedente de la Comunidad alguien a través de un acuerdo "discrecional" de la Junta "cuando en los interesados concurran circunstancias excepcionales".
"No es oportuno que se recoja esta opción en el Anteproyecto, ya que es una formula indeterminada", señala el informe.
A juicio del CES se da esta misma situación cuando el texto normativo se refiere a los ciudadanos retornados, ya que, a juicio de la institución, debería tener la condición de castellanoleoneses cuando se empadronen en algún municipio de la Comunidad.
Finalmente, el Consejo Económico y Social señala además que el Anteproyecto de Ley debería haberse aprobado antes del Plan Integral de Apoyo a la Ciudadanía Castellanoleonesa en el exterior y a la emigración de retorno 2009-12, ya que, a su juicio, este último no deja de ser una herramienta a través de la que se "podría" poner en práctica el mandato legislativo.