El CES pide que se paralice la tramitación de la Ley de Ordenación del Territorio hasta que se apruebe la norma estatal

Pleno Del CES Para La Aprobación Del Informe Anual
EUROPA PRESS
Actualizado 01/03/2013 19:56:32 CET

Aboga por una Ordenación del Territorio "centrada en las personas y no sólo en las instituciones" que "amplíe la cohesión social"

VALLADOLID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Consejo Económico y Social (CES), sin el acuerdo del consejero representante del Grupo de Expertos, ha pedido a la Junta de Castilla y León que paralice la tramitación del Anteproyecto de Ley de Ordenación del Territorio para la Comunidad hasta que se aprueba la normativa estatal al respecto, ya que considera que las materias contempladas en los capítulos I y II del Título II, y en el Título III, están "directamente afectadas" por la proyectada reforma del Gobierno central.

Así, el CES subraya que, al menos, "debería suprimirse" el articulado referido del anteproyecto, y, en este caso de forma unánime, considera "razonable" que la tramitación del texto "se acompase" con la de las normas estatales, ya que la ley autonómica "dependerá notablemente de la definición que la estatal realice con carácter básico".

Ésta es una de las 17 conclusiones y recomendaciones que el Consejo ha realizado en su informe previo sobre el Anteproyecto de Ley, un análisis basado en una "lectura somera" obligada por "la urgencia del solicitante".

En cualquier caso, señala que el texto objeto de estudio "no establece con suficiente evidencia la continuidad con la Ley de Ordenación del Territorio de 1998", ya que se plantea como una norma "aparentemente novedosa", con una regulación "bastante singular" dentro de España, lo que "afianza" la idea de "cierta confusión" entre ordenación del territorio y gestión administrativa local.

Por ello, el CES reconoce que la Disposición Derogatoria Única del nuevo documento referida a la Disposición Adicional Tercera de la anterior ley, genera "la duda" de "en qué sentido sigue vigente realmente el resto del articulado" de 1998.

AMPLIAR LA COHESIÓN SOCIAL

Por otro lado, el Consejo aboga por una Ordenación del Territorio "centrada en las personas y no sólo en las instituciones" que "amplíe la cohesión social y territorial" en el conjunto de la región, puesto que "de nada sirve ordenar el territorio si no se corrigen los desequilibrios", ante lo que considera que el modelo "debe ir acompañado inexorablemente" de un marco de actuaciones con el propósito de "recuperar unos niveles adecuados de población, renta, empleo, dinamización de la actividad productiva e infraestructuras".

También ha sugerido que la actual tramitación sea utilizada para "abordar una Ordenación del Territorio más ambiciosa", en la que se den pasos "decisivos y determinantes" para "sentar las bases de un modelo de futuro con mayores garantías y oportunidades".

Para el CES, el nuevo modelo pasa por la búsqueda de "una arquitectura supremunicipal más racional", que ofrezca una "claridad competencial" que garantice "la viabilidad del medio rural" y que contribuya a "vertebrar" la Comunidad.

En este sentido, el informe critica que los distintos mapas de servicios se han desarrollado "sin la cohesión y la coordinación suficiente", debido a lo cual considera "imprescindible" acometer conjuntamente la ordenación politico-administrativa con la de los servicios públicos y las políticas sectoriales que dependen de la Junta.

En cuanto a las llamadas 'unidades básicas de ordenación y servicios del territorio", el CES las considera "indeterminadas e imprecisas" y tilda este sistema de "complejo" y "poco riguroso", frente a lo que aboga por un modelo de 'área funcional' con una 'Carta de Servicios'.

PROPUESTAS SINDICALES

De estas 17 conclusiones o propuestas, una decena han sido formuladas por el Grupo Sindical del Consejo, formado por UGT y Comisiones Obreras (CC.OO), en las que destaca la apuesta de estas organizaciones por la organización comarcal y considera "carente de sentido" la clasificación que recoge el Anteproyecto de Ley sobre 'áreas funcionales estables y estratégicas'.

Asimismo, estos sindicatos rechazan el papel "reforzado" que la nueva Ordenación pretende dar a las diputaciones provinciales, por tratarse de "una institución local de elección indirecta" y "opaca para la ciudadanía".

En su lugar, abogan por unas demarcaciones "de carácter permanente" con naturaleza "interprovincial o subregional" y que en el caso rural podrían corresponder a las citadas comarcas, mientras que en el caso urbano se tratarían de 'áreas metropolitanas'.

CC.OO. y UGT también han defendido una "concentración y simplificación" de las estructuras político-administrativas en la que jugarían un papel "vertebrador" y "dinamizador" del territorio los municipios de más de 5.000 habitantes, mientras que los de entre 1.000 y 5.000 vecinos "ramificarían" esta actividad.

Por último, el Grupo Sindical, sin el acuerdo del resto de consejeros, ha enfatizado la reducción a "entre 65 y 70" unidades territoriales básicas --entre comarcas y áreas metropolitanas-- que suplieran a las nueve diputaciones y las 239 mancomunidades actuales, para lo cual se debería producir un "trasvase previo de competencias". Los nuevos organismos tendrían, según esta propuesta, unos órganos de Gobierno "idénticos" que podrían llamarse 'Pleno' o 'Consejo comarcal'.

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