A petición de la Fiscalía de Valladolid
VALLADOLID, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -
El juez que instruye el denominado 'caso de la Perla Negra' sobre presuntos delitos de malversación en las operaciones urbanísticas en la compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y del fallido polígono industrial en Portillo, ha citado a declarar, en calidad de testigo, a la consejera de Economía y Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo.
Así lo ha acordado el titular del Juzgado de Instrucción número 2, César Gil Margareto, a través de una providencia, según una información de la Cadena Ser recogida por Europa Press, en el que estima así la petición formulada por la Fiscalía de Valladolid para que la consejera declare como testigo y, antes de señalar fecha, al tratarse de un miembro del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, se abre la posibilidad de que puede prestar la declaración en su despacho oficial o en la sede del órgano del que es miembro.
"Por ello, líbrese comunicación a la testigo para que manifieste si desea comparecer a declarar en el juzgado o desea hacer la declaración en su despacho o en la sede el órgano del que es miembro", recoge la providencia del juez instructor, contra la que cabe recurso de reforma en el plazo de tres días.
La citación de Del Olmo como testigo responde a la petición realizada por la fiscal jefe, Esther Pérez Jerez, que, según pudo saber Europa Press en fuentes jurídicas, considera necesaria su testifical para que aclare ciertos aspectos de la declaración que el pasado día 20 de febrero prestó, también en calidad de testigo, la hoy subdelegada del Gobierno en León y en la fecha de los hechos investigados secretaria de la Consejería de Hacienda, María Teresa Mata Sierra, que dijo no conocer nada respecto de las tasaciones encargadas por dicho departamento para la compra del Edificio de Soluciones Empresariales, más conocido como la 'Perla Negra'.
El testimonio de Del Olmo se sumará así a la veintena de interrogatorios, unos como investigados y otros como testigos, iniciados en 2016 para aclarar, entre otros aspectos, distintas tasaciones, hasta nueve, sobre el valor del edificio ADE--la Junta pagó finalmente cerca de 70 millones de euros--y un supuesto delito de malversación en el que podrían estar implicados altos y exaltos cargos de la Junta y empresarios, así como las operaciones realizadas para la adquisición de un fallido polígono industrial en Portillo por el que la Administración regional desembolsó 35 millones de euros.
APUNTES BANACARIOS DE UNA TREINTENA DE EMPRESAS
En el curso de las pesquisas en sede judicial, el juez, a través de un auto, ha acordado además librar mandamiento a la sucursal en España de la entidad bancaria BNP Paribas Fortis a fin de que, a través del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de
Policía Judicial de Valladolid, remita extracto detallado de movimientos bancarios de una treintena de empresas desde fecha 01-01- 2005, con el máximo nivel de detalle, con especificación de todos los conceptos de cada apunte contable, en soporte informático, tipos de cuenta, titulares y autorizados de las mismas, con expresa indicación de que dicha información sea entregada a la fuerza actuante en el plazo máximo de treinta días.
Todo ello respecto de las cuentas o activos financieros de los que sean titulares o autorizados las siguientes personas jurídicas: Urban Proyecta, Parque Empresarial de Portillo, cementos La Bureba, Delgado Núñez Consulting, Samuño Activos S.L, Idolos Sport S.L, Dinamia Packaging S.L, One World Packaging, Alberto Esgueva S.L, Núcleo Uno S.L,
Prosertel Germar S.L, Prodintel Global S.L, Germán Martín Giraldo S.L, Tmasos Edificaciones S.L, San Pablo VA S.L, Parqueolid Promociones S.A, Trusmel S.L, Proedifica Global S.L, Idecyl Consultores S.L, Eólica de la Mata S.A, Mentor 2006 S.L, Tecnicyl S.L, Monari Consultores, Abascal Consultores, Alimarcyl S.L, Cesacyl S.L, Smile Getion Proyectos S.L, Construcción y Obras Públicas Recio S.A, Gesnamer S.L. y Nereo de Inversiones y Proyectos S.L.
LA JUNTA NO VE CONFLICTO DE INTERESES
Por otro lado, los Servicios Jurídicos de la Junta de Castilla y León, a los que el juez del caso se había dirigido para pronunciarse sobre un posible conflicto de intereses, al estar personada la Administración regional como acusación particular y al mismo tiempo defender a varios cargos investigados, entienden que tal circunstancia no se produce porque, a su juicio, "de lo actuado hasta la fecha en sede judicial se desprende con meridiana claridad que el personal asistido por dichos letrados no ha tenido ninguna responsabilidad en los mismos".
