Defienden un Plan de Movilidad, un Mapa de Transporte e inversiones en estaciones de autobuses
VALLADOLID, 6 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Pleno de las Cortes ha abogado este miércoles por buscar el consenso en la elaboración, tramitación y aprobación de la futura Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León, así como, entre otros aspectos, dar rango legal a la figura del transporte rural.
Así se contempla en una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha contado con el apoyo del resto, si bien su último punto --en lo relativo a la petición de comparecencia cada año en las Cortes para dar cuenta de las aportaciones ciudadanas realizadas al modelo y de las actuaciones desarrolladas por la Junta-- ha decaído por la oposición del PP.
En la moción, que ha sido defendida por el procurador Celestino Rodríguez, se insta a la Junta a que el futuro Proyecto de Ley de Transporte de Viajeros por Carretera de Castilla y León "nazca del consenso" y participación de "todos los actores implicados", como viajeros, asociaciones de consumidores y usuarios, agentes sociales y organizaciones de transporte, Federación Regional de Municipios y Provincias o Consejo Regional de Transportes.
Asimismo, se pide que el texto legal recoja "la necesidad de impulsar" un Plan de Movilidad en un "espacio breve y limitado en el tiempo" que permita garantizar el acceso al servicio de los usuarios "con independencia de dónde vivan" y "coordinar frecuencias y horarios que corrijan las deficiencias actuales".
En tercer lugar, se busca el reconocimiento como categoría jurídica nueva del transporte rural, con obligación legal para la Administración de prestarlo a todos los núcleos de la Comunidad, al tiempo que se propone un Mapa de Transporte que detalle rutas y frecuencias, obligaciones del servicio, estándares de calidad, modelo de prestación, delimitación territorial de cada contrato o tarifas.
INVERSIONES
El texto reclama también que se desarrolle el concepto jurídico de estación de autobuses como base previa al desarrollo de un proyecto de inversiones para la modernización y mejora de infraestructuras, con prioridad a la eliminación de barreras arquitectónicas y la ejecución de marquesinas y refugios de espera pendientes en municipios.
En su intervención, la procuradora 'popular' Isabel Blanco Llamas ha justificado el rechazo de su grupo al último punto sobre el sistema de participación ciudadana y la comparecencia en las Cortes al considerar que esto último ya está regulado en el nuevo Estatuto del Alto Cargo, a lo que se suma el Pleno en el que cada año el Procurador del Común expone las quejas recogidas entre los castellanoleoneses.
Blanco Llamas, que ha apoyado el resto del texto con algunas transacciones aceptadas por los socialistas, ha deseado que el "consenso" de esta moción suponga "las bases del consenso en la futura ley" y ha lamentado la "visión catastrofista" planteada en el debate por algunos grupos.
Por su parte, el procurador de Podemos Carlos Chávez ha criticado la "mala gestión" de la Junta en estos años y ha subrayado que resulta "imposible" viajar en autobús de León a Burgos, mientras que para ir de Valladolid a Soria "sólo existen tres servicios diarios", sin entrar a valorar el servicio a pueblos.
"No hay un transporte público que vertebre nuestra comunidad, es un modelo ineficaz y despoblador", ha subrayado Chávez, para lo que ha citado un informe de la patronal bancaria en 2015.
Por su parte, José Ignacio Delgado, de Ciudadanos, ha defendido su apoyo a la moción porque "nace desde el sentido común y la cordura", al tiempo que ha pedido una ley "para los ciudadanos" y elaborada "con coherencia".
