Las Cortes aprueban la Ley de la Renta Garantizada de Ciudadanía y la Junta se compromete a "agilizarla"

Actualizado 24/08/2010 22:43:14 CET

El PSOE recrimina al Gobierno regional el retraso en la aprobación y que ésta vaya "acompasada" con el calendario electoral

VALLADOLID, 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy en Pleno extraordinario con el respaldo unánime de los Grupos la Ley que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía, concebida como "la última red de protección" con respecto a otras prestaciones y cuyos beneficiarios recibirán cuantías que oscilarán entre los 425 y 692 euros.

La norma, cuyas bases fueron establecidas por la Junta, los sindicatos y la patronal el pasado 28 de diciembre, es la primera que se tramita en las Cortes castellanoleonesas nacida en el seno del Diálogo Social y, como recordó el consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, su objetivo es proporcionar a los ciudadanos en situación de exclusión social los medios necesarios para cubrir sus necesidades básicas.

Por ello, el responsable de Familia, quien señaló que el proyecto es "necesario y ambicioso en intenciones", reiteró el compromiso del Gobierno autonómico de trabajar para agilizar trámites y que esta prestación social periódica, ante la situación económica actual, "sea una realidad lo antes posible".

El tema de los plazos fue precisamente una de las cuestiones que ocupó gran parte de la sesión plenaria. En este sentido, el procurador socialista Francisco Ramos recriminó al Ejecutivo regional que el presidente, Juan Vicente Herrera, no cumpliera la promesa de que la Renta estaría a disposición de quien lo necesitara el 1 de agosto de 2009 y de que aún "quede pendiente" el decreto para el desarrollo complementario de la misma.

"Al final se verá acompasada con el calendario electoral", advirtió Ramos, quien se quejó de que, mientras que el PSOE ha facilitado el trámite de la Ley al no presentar enmiendas a la totalidad, la Junta "ha acumulado todos sus deberes para los últimos compases legislativos", al hilo de lo cual la procuradora 'popular' Ángeles Armisén replicó que existe un "plazo legal" y acusó al PSOE de fijarse "más en el tiempo que en las personas".

El procurador socialista, tras enumerar las a su juicio las carencias de la Ley en una comunidad con "alto índice de pobreza" y con la tasa "más baja" de cobertura a desempleados, se quejó asimismo de que la Junta "se haya conformado con lo mínimo" y aseguró que "queda un amplio espacio para una alternativa con ambición" en favor de las personas en riesgo de exclusión social.

No obstante, reiteró el respaldo de su Grupo a la iniciativa al suponer un "avance". "Vamos a mejorar y eso lo valoramos", apostilló.

EFICAZ Y FLEXIBLE

La nueva Ley, surgida en la base del Diálogo Social, consta de 37 artículos y nueve títulos y se constituye como un instrumento "eficaz, flexible y capaz de adaptarse a las necesidades de cada momento", según explicó el consejero, quien agradeció el esfuerzo, trabajo y compromiso de todos aquellos agentes que han contribuido a "mejorar" el texto.

Esta percepción recoge el doble derecho de percibir una cuantía económica para las necesidades de subsistencia así como las actuaciones previstas como itinerario personalizado para la integración social.

La Renta Básica de Ciudadanía sustituirá al Ingreso Mínimo de Inserción y supondrá un incremento en las cuantías que recibirán los actuales preceptores del mismo, ya que fija como cuantía básica mensual de la prestación el 80 por ciento del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 425,6 euros al mes, una cantidad que se verá incrementada según las cargas de las unidades familiares, por lo que se podrá alcanzar un máximo de 692,3 euros al mes, lo que supone el 130 por ciento del IPREM.

Este complemento es del 25 por ciento de la cuantía básica por el primer miembro, 15 por ciento por el segundo y 10 por ciento por el tercero y siguientes.

El proyecto de Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como "la última red de protección", de forma que se reconocerá una vez solicitadas todas las prestaciones a las que puedan tener derechos los destinatarios, se haya resuelto su no concesión o se haya agotado su percepción.

Como señaló Antón el proyecto propone una acepción más "amplia y novedosa" del concepto de exclusión social, ya que, en lugar de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.

En este contexto, el proyecto clasifica las situaciones de exclusión social en estructurales, con origen en factores sociales, y coyunturales, aquellas que suponen una dificultad de naturaleza exclusivamente económica. Asimismo, el proyecto otorga a la Renta la consideración de familiar, esto es, la consideración de beneficiarios tanto a su titular como a los restantes miembros de la unidad familiar o de convivencia.

Podrán solicitar la percepción de este derecho los ciudadanos de Castilla y León de entre 25 y 64 años de edad, los extranjeros refugiados o con solicitud de asilo en trámite y a las mujeres víctimas de violencia de género que por este motivo se hayan trasladado a la Comunidad desde otra región de España.

Para costear este gasto el Presupuesto de la Comunidad cuenta con una partida de 27 millones de euros en 2010 que podrá ampliarse en el caso de ser necesario a través del crédito, así, como explicó Antón, en la actualidad reciben el IMI 2.914 personas, así, durante el pasado año se beneficiaron de este ingreso 2.748 personas, lo que supuso un importe total de 13.8 millones.

PROYECTO INSERCIÓN

El proyecto de Ley contempla la "contribución activa, comprometida y responsable" de los destinatarios de la Renta Garantizada de Ciudadanía para superar la situación de exclusión social.

Para lograr superar esta situación se elaborará un proyecto individualizado de inserción. Se trata de un itinerario programado para alcanzar la integración social y contiene las obligaciones y compromisos que han de ser suscritos por el solicitante.

Asimismo, se creará una Comisión de Seguimiento de la Prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía, adscrita a la consejería competente en materia de Servicios Sociales.

BENEFICIARIOS

Los beneficiarios de la Renta serán las unidades familiares que carezcan de recursos para cubrir sus necesidades básicas, así la podrán solicitar los castellanoleoneses con edades comprendidas entre los 25 y los 64 años con la condición de asumir el compromiso de cumplir el programa individual de inserción que se establezca, en todo caso, podrán conseguir la prestación los mayores de 65 que ostenten la condición de emigrante retornado y no puedan acceder a una pensión.

Los beneficiarios no deberán estar percibiendo en el momento de la solicitud cualquier otra prestación con cargo a las administraciones públicas a excepción del Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) que será sustituido por la Renta en un plazo de tramitación de tres meses en cada caso. No obstante, cuando la solicitante tenga condición de víctima de violencia de género y sea beneficiaria del programa de Renta Activa de Inserción (RAI) tendrán derecho a percibir los complementos por cada miembro de la familia a su cargo en los términos del acuerdo.

Además, tampoco podrán optar a la Renta Garantizada de Ciudadanía quienes residan en centros que pertenezcan a instituciones o entidades que estén obligadas a prestar a sus miembros la asistencia necesaria para atender las necesidades básicas de subsistencia a excepción de casas de acogida por maltrato, indomiciliados y jóvenes que hayan estado bajo la guarda de la administración.

Esta web utiliza cookies propias y de terceros para analizar su navegación y ofrecerle un servicio más personalizado y publicidad acorde a sus intereses. Continuar navegando implica la aceptación de nuestra política de cookies -
Uso de cookies