El sindicato pide una reunión urgente con el nuevo ministro de Justicia y exige paralizar las reformas mientras se negocia con los trabajadores
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha emplazado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, a "detener" la privatización del Registro Civil y le ha pedido que se comprometa a "blindar" los partidos judiciales y los juzgados de paz.
El sindicato mayoritario en el sector de la Administración Justicia ha instado a Catalá, quien ha tomado este lunes posesión de su cargo, a "paralizar" todas las reformas legales emprendidas por su departamento mientras las negocia con los representantes de los trabajadores.
CSI-F ha solicitado una reunión urgente con el nuevo ministro con la esperanza de que cumpla con el compromiso de mantener una "estrecha colaboración con los agentes judiciales" que ha expresado este lunes al recibir la cartera de Justicia de manos de su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón.
Catalá ha fijado este lunes sus prioridades para el resto de legislatura, entre las que ha eludido mencionar la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que revoluciona el mapa judicial y se ha encontrado con la oposición del sector judicial.
CSI-F PIDE MÁS PLAZAS
La central sindical ha mostrado su deseo de que Catalá abra una "nueva etapa de diálogo en el Ministerio más comprometida con el servicio público de la Justicia y sus trabajadores".
"Pedimos que blinde el mantenimiento de los partidos judiciales, juzgados y agrupaciones de paz, que favorezca la recuperación de derechos arrebatados desde 2010, que amplíe los medios materiales o que amplíe la oferta de empleo público", ha expuesto en un comunicado.
Dicho esto, CSI-F ha adelantado que exigirá que Justicia esté dentro de los servicios esenciales que se beneficiarán de una tasa de reposición del 50 por ciento y que además se tenga en cuenta que existen más de 10.000 plazas vacantes presupuestadas y ocupadas por interinos.
A su entender, en esta Administración hacen falta "menos declaraciones grandilocuentes" y más diálogo para lograr una Justicia más ágil y cercana al ciudadano. Por ello, ha confiado en que Catalá apueste por el "capital humano", frene la política de privatización y dote de los medios necesarios para obtener una Justicia "gratuita, ágil, accesible y que de respuesta inmediata a las demandas de los ciudadanos".
