Los presidentes apelan "al valor de Estado" para llegar a un acuerdo "en el que ninguna CCAA salga perjudicada"
LEÓN, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -
Los presidentes de Castilla y León, Aragón, Asturias y Galicia han suscrito este lunes una declaración institucional en la que reclaman al Gobierno central "de manera urgente" un nuevo modelo de financiación autonómica basado en el "consenso multilateral" ya que temen que la proximidad de "tiempos electorales" ante la elecciones autonómicas y municipales de 2019 dificulten ese consenso.
El acuerdo ha sido suscrito por Juan Vicente Herrera (PP), Javier Lambán (PSOE), Javier Fernández (PSOE) y Alberto Núñez Feijoo, que representan a cuatro comunidades autónomas que suman 7,5 millones de habitantes y el 236 por ciento del territorio y que cuenta con gobierno "de distintos signo pero que comparten vínculos históricos y similares características económicas y sociales y con unas relaciones de vecindad que fundamentan unos intereses comunes y que son los intereses de España".
Así lo ha explicado el presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha sido el encargado de desgranar esta declaración institucional sobre el modelo de financiación y sobre los retos demográficos que han suscrito "desde el convencimiento de que los intereses comunes se defienden más eficazmente en el marco de un nueva política de cooperación y en el marco de la Conferencia de Presidentes", un organismo que esperan sea convocado en breve.
Sobre el modelo de financiación, Herrera ha aseverado que es "urgente y prioritario" un nuevo modelo que busque el "imprescindible consenso multilateral" aunque ha reconocido el temor a que la proximidad de "tiempos electorales" impida ese consenso, al tiempo que ha aseverado que se trata de "garantizar que las comunidades presten en niveles similares unos servicios y garantizar, a su vez, el acceso de los ciudadanos en las mismas condiciones con independencia" de su lugar de residencia.
Para ello, Herrera ha apelado a la necesidad de "corregir déficit de financiación" pero desde la base de que "ninguna comunidad diga que sale perdiendo" por lo que considera que hay que dotar al nuevo sistema "de más recursos, desde el principio" y vincular los recursos del futuro a los ingresos tributarios totales.
Pero además, estas cuatro comunidades consideran que el modelo debe de partir del coste real y efectivo de la prestación de cada servicio en cada territorio por lo que, "con respeto al criterio poblacionla", defienden que se tenga en cuenta variables como "la orografía, la baja densidad, la dispersión, el envejecimiento y la baja natalidad" además de que se tienen que valorar los grupos de edad a partir de los 65 años, porque esto también "determina las necesidades de gasto" y se tiene que incorporar la Ley de Dependencia.
