CyL da estabilidad a la Red de Protección que prevé atender a 200.000 personas en 2018

El presidente de la Junta a los agentes del tercer sector en las Cortes
JCYL
Actualizado 13/06/2018 18:32:34 CET

   VALLADOLID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

   Las Cortes de Castilla y León han dado este miércoles su respaldo unánime a la 'Ley de ordenación y funcionamiento de la Red de Protección e inclusión a personas y familias en situación de mayor vulnerabilidad social o económica de Castilla y León' que tendrá un carácter estable y no sólo para el momento de crisis por lo que se creó en 2013.

   La nueva norma parte con el objetivo de ampliar los beneficiarios, unas 200.000 personas vulnerables en 2018 con un presupuesto de 207 millones de euros, casi un nuevo por ciento más que en 2017.

   Así lo ha asegurado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, en la defensa del proyecto de Ley de la Red de Protección a los más vulnerables que busca mejorar también las respuestas a las necesidades a través de avances en el método de trabajo en red, "reconocido a nivel europeo y por la innovación social" para llegar "a todos los lugares y llegar antes".

   Según ha significado la consejera, la nueva Ley, fruto de los acuerdos del Diálogo Social y del consenso y colaboración con las organizaciones del tercer sector que ha logrado elaborar un sistema de protección a los más vulnerables "pionero" en España, deja a un lado el carácter asistencial y se basa en el reconocimiento de "derechos subjetivos" que estarán "públicamente garantizados", por lo que la Administración estará obligada a prestarlos.

   La nueva norma crea cuatro nuevos derechos subjetivos en el ámbito social al considerar como "prestaciones esenciales" el servicio integral ante situaciones de desahucio, las prestaciones económicas para hacer frente a deudas hipotecarias y de alquiler y el servicio para garantizar la alimentación.

   Para llegar a más personas, amplía la atención al contemplar, además de las situaciones de vulnerabilidad económica y social, el desamparo personal en casos que requieren una actuación inmediata para salvaguardar la integridad de esas personas, como víctimas de violencia de género, menores desprotegidos o mayores discapacitados o en desamparo.

   En total, la Ley recoge, clasifica y regula los 34 recursos que constituirán la Red, once más de los previstos en su inicio, y garantiza su "acceso prioritario" a las personas más vulnerables al incluir, además de los servicios sociales, los de empleo y vivienda destinados a estos ciudadanos y regula herramientas como la valoración del caso, el Plan individual de atención y la figura del profesional de referencia "que garantiza una atención integral, coordinada, personalizada y continuada del usuario".