VALLADOLID, 14 Dic. (EUROPA PRESS) -
La comunidad autónoma de Castilla y León ha rechazado la posibilidad de aumentar la cesión de la recaudación de los tributos estatales desde el convencimiento de que favorece a los territorios cuyos habitantes tienen mayor grado de riqueza o de pobreza en detrimento de las autonomías cuyos ciudadanos tienen unas rentas más bajas con un "impacto muy negativo" en la solidaridad entre todos los españoles.
Este es uno de los argumentos que ha defendido Castilla y León en la reunión este jueves de los directores generales de tributos en el seno del grupo de trabajo sobre la reforma del modelo de financiación autonómica en la técnica del Ministerio de Hacienda de "ir por partes" e iniciar la reflexión por la recaudación de los tributos estatales, como el Impuesto sobre la Renta o del IVA, de los que llegan un 50 por ciento de la recaudación a las comunidades, con un 58 por ciento para los impuestos especiales como el del alcohol, el tabaco o los hirocarburos.
Ante las comunidades que piden que se aumente la cesión de esa recaudación por una cuestión de corresponsabilidad fiscal, la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, ha aclarado que esa corresponsabilidad no tiene nada que ver con la cesión de tributos ya que las autonomías no tienen capacidad de decidir sobre esos impuestos y sólo reciben una parte de la recaudación.
"Es un indicador muy pobre", ha considerado la consejera castellanoleonesa para quien una forma de corresponsabilizarse sería poder modificar los tipos, declarar mínimos exentos, poner deducciones fiscales o, incluso, compartir la gestión por lo que ha insistido en que Castilla y León rechazará un incremento de los porcentajes de la cesión de la recaudación de los tributos que daría más recursos a las autonomías con un elevado número de renta.
"Recaudarán más con los mismos tipos sin ninguna corresponsabilidad fiscal", ha considerado Del Olmo, quien ha advertido del "absurdo" que supondría que un territorio que gane más pueda tener mejores servicios públicos en contra del principio de solidaridad.
Según sus datos, existen "grandes diferencias" entre las comunidades autónomas para recaudar el IRPF ya que la media de dividir las bases imponibles por el número de habitantes es de 5.700 euros, con diferencias entre los 9.600 euros de Madrid o los 4.000 de Extremadura --Castilla y León se sitúa en la media--.
"Una misma medida en una comunidad o en otra tiene un efecto bien distinto", ha insistido Del Olmo en su advertencia que ha asegurado que ocurriría lo mismo con el IVA o con los Impuestos Especiales donde, según ha insistido, las comunidades no tienen competencias normativas.
LEALTAD INSTITUCIONAL
Por otro lado, Castilla y León apelará a la "lealtad institucional" ante el efecto de las decisiones normativas del Estado en perjuicio de las comunidades autónomas que reciben la recaudación de impuestos como el de Actos Jurídicos Documentos por lo que ha pedido que se remita al CPFF que las normas que se vayan a modificar tengan una memoria económica para saber "cuánto va a costar" a cada territorio para que se puedan pronunciar.
En cuanto a los regímenes forales, Castilla y León ha reiterado la necesidad de cálculos transparentes de todas las transferencias entre el Estado y País Vasco y sobre una financiación efectiva que ahora se desconoce. La Junta pedirá también que se modifique la regla de cálculo del denominado 'Cupo Vasco' para que los ajustes no se detraigan de la parte de financiación de las comunidades sino de la del Estado.
"No es justo exigir a las comunidades de régimen común que nos sometamos a los límites sobre capacidad normativa y eso no ocurra en las forales", ha opinado Del Olmo en favor de que se exijan los mismos límites en todo el territorio para evitar casos de "competencia fiscal desleal" ante las que ha reclamado que el propio Estado plantee la inconstitucionalidad de esas medidas para defender el principio de presión fiscal homogénea.
Por último, Castilla y León ha reclamado al Gobierno que se tenga como criterio del cambio de domicilio de las personas físicas dónde reciben los servicios públicos ante casos, principalmente de las rentas más ricas, que cambian su domicilio fiscal a otras comunidades que, por ejemplo, no tienen Impuesto sobre el Patrimonio --unos cien casos en el último años--.
Castilla y León pedirá también ampliar el espacio fiscal de las comunidades autónomas a los tributos medioambientales por considerar que no hay riesgo de competencia fiscal y existe escaso riesgo de quiebra de la unidad del mercado, en este caso, en discrepancia con los expertos, ha admitido Del Olmo que ha pedido también que no se concierten algunos impuestos con el País Vasco, lo que no ocurre con las comunidades de régimen común.
Del Olmo ha explicado que Castilla y León ha enviado este documento a todas las comunidades para que conozcan su postura en materia fiscal con "total acuerdo" con autonomías de características similares, como Galicia o Asturias.
