Las diputaciones reclaman la transferencia de recursos económicos cuando se delega una competencia

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Presidentes participantes en la Conferencia
DIPU SG
Publicado 06/10/2017 14:57:30CET

SEGOVIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las diputaciones participantes en la tercera Conferencia de Presidentes de Gobiernos Provinciales han reclamado que se transfieran recursos económicos cuando se les delega una competencia.

Así se ha puesto de manifiesto en la última mesa redonda del ciclo que se ha celebrado en Segovia, impulsado por la Fundación Democracia y Gobierno Local y en la que se ha abordado el ejercicio de las competencias impropias en el ámbito local.

Asimismo, con el miembro del consejo asesor de la Fundación Democracia y Gobierno Local, Joseph Llobet como moderador, se ha analizado la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad Local (LRSAL) en la financiación del ejercicio competencial.

Él mismo ha enmarcado esa norma como una ley que "no tuvo el consenso de todos los partidos políticos", pero que "pretendía fijar" las competencias de la administración local.

En su intervención ha querido dejar claro que "mientras tu propia hacienda permita poderlas realizar, la ley no impide desarrollar las competencias impropias, pero has de justificar por qué lo haces".

Por su parte, el catedrático de Derecho Administrativo, Alfredo Galán, ha identificado tres problemas que tienen las competencias impropias. Son la delimitación conceptual, la cobertura jurídica y la cobertura financiera.

Galán ha aclarado que una competencia "solo" puede ser ejercida por la administración a la que el ordenamiento jurídico se la "ha atribuido". De ese modo, si la administración actúa sin competencia, la acción realizada es "inválida", aunque para eso existen los convenios y demás figuras de colaboración, como ha dicho.

INFLUENCIA DE LA CRISIS

En cuanto al problema de la cobertura financiera ha señalado que, si el ordenamiento jurídico "no te atribuye la competencia, tampoco habrá previsto financiación" y ese presupuesto puede ir a parar a la administración que la tiene atribuida pero "no la ejercita". Para el catedrático, la crisis ha "agudizado" el problema de la cobertura financiera de las competencias impropias.

En cuanto a la LRSAL, ha señalado que es una norma diseñada "desde arriba para aplicarse hacia abajo y de ahí viene el problema" y por lo tanto se debería impulsar una reforma local que vaya "de abajo a arriba".

Galán también ha atribuido la razón de ser de la norma a "hacer frente a una muy delicada situación económica en la que se encontraba España y a la presión de la Unión Europea con el riesgo del rescate" por lo que no está pensada para dar respuesta a las reivindicaciones tradicionales del mundo local. Una reforma que "sigue pendiente".

Con esta tesis se explica, ha dicho, que las sentencias del Tribunal Constitucional "desarbolen" la reforma que tiene la "obsesión de luchar" contra las duplicidades. Algo que es un "error", según Galán, porque algunas duplicidades pueden ser "correctas".

Igualmente, ha insistido en que el principio de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera "tensiona" el de autonomía local.

Mientras, el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha abogado por reclamar una financiación local "justa, suficiente, estable y enmarcada".

Para Carnero, las competencias impropias son "las más propias" para las diputaciones, por afectar a las necesidades que están en el territorio. Así, como administración "más cercana, tenemos que atenderlas porque nos las demandan nuestros alcaldes y nuestros vecinos".

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS

El representante vallisoletano también se ha referido a las competencias delegadas que no están financiadas en su totalidad, como un "cajón de sastre lleno de necesidades" a las que dar una respuesta "cercana y pronta".

Para Carnero el avance de la LRSAL es "importante pero insuficiente" y ha mostrado su preocupación por tener una financiación "estable y suficiente" porque es lo que "hará que dejemos de hablar de competencias propias e impropias".

En su turno, el presidente de la Diputación de Huesca, Miguel Gracia, ha mandado un mensaje muy directo al gobierno de Aragón, al que ha exigido "que no nos dé dinero, pero que legisle" y que no actúe "como si todo el territorio fuera Zaragoza".

Gracia ha insistido en que no puede existir la misma tramitación y el mismo coste para todos los territorios, sin atender a sus peculiaridades.

Para él, la ley ha traído una "mayor dificultad" en el trabajo del día a día, ya que la tramitación "incordia" la gestión "permanentemente".

Para el oscense, hay una cuestión "fundamental", que es el modelo de territorio y el modelo de la provincia y ve "claro" que la administración de segundo nivel es clave para ayudar a los pequeños municipios en las zonas rurales.

Finalmente, el presidente de la diputación de Soria, Luis Rey, ha insistido en que la cercanía a los vecinos es la competencia "fundamental" de las entidades locales y ha considerado que se hizo una ley que "no sirvió para nada", ya que si no se aplica es porque ha estado "mal concebida".

En este sentido, el representante soriano ha afirmado que las comunidades autónomas se "empacharon" de competencias en esta "guerra permanente" por tratar de asumir "cada vez más" y se olvidaron de delegar algunas en las entidades locales.

Para Rey, es importante que la administración regional entienda la importancia de los territorios para que se pueda gestionar "desde la cercanía" y dar las respuestas "inmediatas" que se necesitan, a partir de la financiación.

Como conclusión, ha apostillado que la LRSAL se hizo en el "peor momento" porque "no se puede legislar en época de crisis". Así, ha apostado por la necesidad de "derogar" esa ley".

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