Dirigentes del PP y el PSOE en la FEMP piden al Gobierno el "fin del tratamiento discriminatorio" a los ayuntamientos

Actualizado 20/10/2010 21:13:33 CET

Apuntan que si ninguna administración pública pudiera refinanciar su deuda se llegaría a "una situación insostenible de falta de liquidez"

MADRID, 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes (PSOE), y el delegado de Hacienda en el Ayuntamiento de Madrid (PP), Juan Bravo, han pedido este miércoles al Gobierno central el "fin del tratamiento discriminatorio" en materia de financiación hacia los ayuntamientos.

En un artículo conjunto publicado en 'El Economista' y recogido por Europa Press, el presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Comisión de Hacienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se preguntan "por qué, si los problemas (de las administraciones públicas) son los mismos, las soluciones tienen que ser distintas".

Así, lamentan que "desde el Gobierno no se ha tratado de alcanzar acuerdos sobre las medidas que hay que adoptar en el mundo local con la FEMP" y que se haya postergado una y otra vez la reforma de la financiación de las corporaciones locales, en vez de aprovechar la ocasión de acometerla con la de las comunidades autónomas.

"En vez de eso, hemos sido objeto de crítica permanente por parte de algunos responsables públicos, colocando a los ayuntamientos como administraciones irresponsables y dilapidadoras, limitando cada vez más su capacidad de maniobra hasta convertirlos en una carga para la dinámica económica de nuestras ciudades, limitando la capacidad de pago a nuestros proveedores", reprochan los dos dirigentes políticos.

En concreto, se refieren a decisiones como la de "restringir, más aún si cabe, el escaso margen de maniobras" de los consistorios mientras "el camino que están siguiendo el Gobierno de la Nación y las comunidades autónomas es el contrario del que se exige para el sector que menos responsabilidad tiene proporcionalmente" en la deuda y el déficit del Estado.

Y es que, según los datos que aportan los políticos, la deuda local ha aumentado un 18 por ciento en el último lustro frente al incremento del 44 por ciento de las autonomías o del 51 por ciento del Estado, mientras que los márgenes del déficit han sido cumplidos por todas las corporaciones locales.

A pesar de ello, el Gobierno central "ha rechazado de plano, sin justificación alguna" las peticiones de "flexibilizar algunas reglas de la Ley de Haciendas Locales en materia de deuda", se quejan Arahuetes y Bravo.

"(Sabemos) que no estamos en condiciones de exigir más recursos a la Administración del Estado", reconocen, apostillando a renglón seguido que, aún así, reclaman "cubrir ese déficit (de financiación) con un recurso limitado a la deuda, exactamente igual que hacen el Gobierno y las comunidades autónomas, y poder aplicarlo excepcionalmente a la cobertura de gastos corrientes".

Además, subrayan que si se aplicasen las mismas medidas a todas las administraciones --limitación del recurso al endeudamiento e incluso de refinanciación de la deuda, como sucede con los ayuntamientos-- se llegaría a "una situación insostenible de falta de liquidez de las administraciones".

SIN COLOR POLÍTICO

Por otra parte, los responsables de la FEMP apuntan que todas las formaciones políticas han aprobado por unanimidad las diferentes peticiones redactadas en la FEMP, y consideran que no se deberían utilizar "las instituciones para posturas de confrontación" cuando se "atraviesa la mayor crisis" conocida.

"Desde los ayuntamientos somos conscientes de la gravedad de la profunda crisis económica en la que estamos sumidos y de la necesidad de colaborar todos, al margen de posicionamientos políticos, desde la responsabilidad de gobierno que cada uno tenemos, con el Ejecutivo de la Nación", afirman los dos dirigentes.

Sin embargo, a su entender a veces se olvida que los ayuntamientos son "verdaderos gobiernos, y no meras estructuras de gestión administrativa", y que "detrás de muchas ciudades hay realidades económicas que, en ocasiones, superan las de algunas comunidades autónomas o, en cualquier caso, para las que no están diseñadas las reglas de la Ley de Haciendas Locales".