Escuela Laica insta a la Junta a retirar los conciertos con los colegios que segregan por sexo

Actualizado 19/09/2012 18:12:09 CET

VALLADOLID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid ha solicita a la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León que proceda a retirar la financiación pública concedida en virtud del régimen de concierto a los centros educativos Inmaculada Concepción, Peñalba, Pinoalbar y Alcazarén, al entender que los citados centros llevan a cabo discriminación por sexo en la admisión de su alumnado.

Al margen de que el Movimiento por la Escuela Pública, Laica y Gratuita de Valladolid tiene entre sus objetivos la eliminación de la financiación de centros educativos privados con dinero público, y siempre ha abogado por excluir en todo caso de dicha financiación a los centros que incumplan el principio de coeducación, el colectivo advierte de que la reciente sentencia del Tribunal Supremo aporta legitimidad jurídica a dicha solicitud.

Recuerda así que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha otorgado la razón a la Junta de Andalucía y al Gobierno de Cantabria en su negativa a financiar con fondos públicos a centros educativos que imparten educación diferenciada por sexo, basándose en que dicha circunstancia vulnera el artículo 84 de la Ley Orgánica de Educación de 2006, referido a la admisión de alumnos, que indica que "en ningún caso habrá discriminación por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social".

Aunque dicha sentencia se refiere a los casos concretos de Andalucía y Cantabria, Escuela Laica entiende que por extensión debe ser aplicable a cualquier otro caso idéntico, y más teniendo en cuanta que las sentencias emitidas por el Tribunal Supremo crean jurisprudencia.

Por ello, aboga por que la Junta de Castilla y León, a la que la Consejería de Educación pertenece, actúe conforme a la Ley, máxime si una sentencia judicial tan importante como son las emitidas por el Tribunal Supremo lo indica y existe una parte interesada que así lo solicita.

En caso de no ser atendida su petición, el colectivo advierte de que la Junta podría incurrir en prevaricación y por ello estaría dispuesto a promover las oportunas actuaciones judiciales.

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