Grupo Mixto aboga por mejorar la ley de Ordenación, en la que sindicatos y OPA reclaman más participación

Los Integrantes Del Grupo Mixto En Las Cortes, González (IU) Y Valderas (UPL)
EUROPA PRESS
Actualizado 18/07/2013 14:05:45 CET

VALLADOLID, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Mixto en las Cortes de Castilla y León ha abogado por seguir el trabajo "hasta el final" para mejorar el proyecto de Ley de Ordenación del Territorio, para lo que ha mantenido un encuentro con sindicatos y organizaciones agrarias, que han pedido una mayor participación para contribuir a un texto que consideran importante para el futuro de la Comunidad.

Así se ha puesto de manifiesto tras la reunión en la que han participado los integrantes del Grupo Mixto, José María González (IU) y Alejandro Valderas (UPL), así como los representantes de UGT y CCOO, la Alianza UPA-COAG y UCCL.

En este contexto, González ha incidido en que a pesar de que se haya debatido la enmienda a la totalidad de este proyecto de ley, eso no quiere decir que tengan que "tirar la toalla" y por ello van a intentar que cuando llegue al pleno, el texto sea el "mejor posible".

"El toro es toro desde la punta del cuerno a la punta del rabo", ha dicho el coordinador y procurador de IU, quien ha recordado que hasta que se vote en sesión plenaria es "modificable" y por ello van a trabajar "por la mejor ley".

En este sentido, ha criticado que no sea verdad que se haya elaborado con participación, como se dice en su exposición de motivos, ya que eso no sólo quiere decir "escuchar", sino que para ello también hay que intercambiar opiniones y recibir aportaciones.

Para IU, ha explicado, no tienen sentido las delegaciones territoriales y unas diputaciones con competencias que además se ampliarán cuando salga adelante el proyecto como "han pactado" PP y PSOE, por eso ha abogado por que la Comunidad "asuma el papel que le da la Constitución".

De la misma forma, apuesta por que sea una ley al servicio de los ciudadanos "vivan donde vivan" y por las comarcas como entes territoriales, administrativos y políticos que den solución a los problemas de los castellanoleoneses.

Sin embargo, González ha asegurado que IU "no ve" que se aproveche esta ley para "introducir la cuña" de la estabilidad presupuestaria, para lo que ya hay una ley autonómica y otra estatal, sino que es un elemento "para avanzar en favorecer la eliminación de derechos de los ciudadanos". A este respecto, ha añadido que no se habla de racionalidad y sostenibilidad en este proyecto de ley, sino que se insiste en la "estabilidad" presupuestaria.

TRABAJAR "HASTA EL FINAL"

Por su parte, el procurador de UPL ha mostrado el compromiso del Grupo de seguir trabajando "hasta el final" mientras continúe una vía abierta y, aunque ha reconocido que no se les hará "ni el más mínimo caso", no tendrán problema en negociar y provocar un debate "lo más amplio posible".

Valderas ha apostado por que la Junta ocupe el "menor espacio posible" en favor de los ayuntamientos y las diputaciones y ha recordado que coinciden en muchas cosas con otros grupos y agentes sociales como las labor de las juntas vecinales, la existencia de las comarcas o que se tenga en cuenta la dispersión, aunque ha calificado de "inviable" crear nuevas instituciones a partir de 20.000 habitantes.

El procurador de UPL se ha referido también a un estudio de la Diputación de León contrario "totalmente" a lo que se propone en la ley, aunque no sabe si lo debatirán, y ha asegurado que incluso en los partidos mayoritarios hay sectores que quieren debatir "ciertas cosas", por lo que considera que hay que esperar y continuar la negociación.

Por su parte, tanto UGT como CCOO han asegurado que esperan reunirse con los otros dos grupos parlamentarios para conocer las enmiendas que se presentarán.

En concreto, Carlos Castedo, de CCOO, ha afirmado que harán "lo posible" por que se les den a conocer estas enmiendas, al tiempo que ha recordado que la ley no es la que en su momento se planteó en la Mesa de Ordenación del Territorio y ha advertido de que con las modificaciones que se plantean puede cambiar su sentido "mucho más".

Por eso, ha reclamado conocer los planteamientos y poder aportar, para lo que ha recordado que se planteó un debate social en las Cortes, algo que se "echa de menos" cuando es algo "fundamental".

En una línea similar se ha expresado Óscar Lobo, de UGT, quien ha recordado también que los grupos dijeron que darían a conocer las enmiendas, para lo que esperan que se les convoque.

IMPORTANCIA DE LA LEY

Lobo ha recordado que esta ley trasciende más allá de lo político porque incidirá en el desarrollo económico y social o en los trabajadores públicos, por ejemplo. Así, cree que falta un componente social "fundamental" y ha insistido en la necesidad de que se celebren encuentros y sus propuestas sean tenidas en cuenta porque cree que no se puede aprobar sólo con el apoyo del PP y del PSOE.

Por otro lado, Julio López, en representación de la Alianza UP-COAG, también ha lamentado que no se cumpla el compromiso de participación y se desarrolle una ley "al margen" de quienes habitan el medio rural, cuando es un texto legislativo "más importante de los próximos 50 años".

A este respecto, ha recordado que el texto tiene que contemplar los servicios mínimos, que considera que se tratan de desmantelar al margen de los ciudadanos del medio rural y ha dudado de si el "pacto" entre PP y PSOE acabará "como el de las cajas", algo que espera que no sea así.

Finalmente, el coordinador regional de la Unión de Campesinos (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha destacado la importancia de la ley y ha advertido de algunas "líneas rojas" que considera que no se pueden traspasar, la primera de ellas y "fundamental" la autonomía municipal, que a día de hoy cree que no está garantizada.

González Palacín considera que se establecen unos criterios en la ley que algunos municipios pueden cumplir y otros no, cuando sus competencias deben ser "sagradas" y cree que deben "blindarse".

Asimismo, ha asegurado que los servicios públicos "de calidad" deben mantenerse desde lo público y cree que la intención es "privatizar", lo que supone "echar a la gente". Además, ha explicado que la experiencia con los consorcios ha demostrado que son mucho más caros, según los ejemplos que se tienen.

Por otro lado, el responsable de UCCL no se ha mostrado en contra de organismos "supramunicipales", pero siempre que se establezcan desde el consenso, de "mutuo acuerdo" para la prestación de servicios conjuntamente, ya que cuando es "impuesto" crea "enfrentamientos".

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