La investigación pasará a un Juzgado de Madrid si no se abre juicio oral antes de las elecciones

Sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
EP
Actualizado 28/12/2010 12:04:04 CET

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

La investigación del 'caso Gürtel' que instruye el magistrado Antonio Pedreira en el TSJM podría pasar a un Juzgado ordinario de la capital si no se abre juicio oral antes de que los diputados regionales Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco pierdan su aforamiento con motivo de la disolución de la Cámara regional por las elecciones que se celebrarán el próximo 22 de mayo, han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

El 'caso Gürtel' en Madrid se investiga en el TSJM por el aforamiento de los diputados no adscritos López Viejo, Bosch y Martín Vasco. Las elecciones autonómicas y municipales obligarán a la disolución de la Asamblea de Madrid un mes antes del próximo mayo, por lo que los diputados perderán su condición de aforados.

El magistrado deberá dictar el auto de apertura de juicio oral antes de que los diputados pierdan su aforamiento para que sean enjuiciados por el TSJM. Si no se abre juicio oral, la causa pasaría a ser investigada por un Juzgado ordinario de Plaza de Castilla.

En la causa están imputadas más de un centenar de personas, entre ellas altos cargos de la Generalitat valenciana y de Castilla y León, cuyas investigaciones se instruyen en los Tribunales Superiores de Justicia de estas Comunidades Autónomas.

La parte que alcanza a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos gobernados por el PP se instruye en el TSJM por el actual aforamiento de los diputados regionales no adscritos y ex parlamentarios del PP López Viejo, Bosch y Martín Vasco.

El caso se destapó el 9 de febrero de 2008 con la orden de detención dictada por el juez Baltasar Garzón contra el empresario Francisco Correa, su mujer, María del Carmen Rodríguez, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo, el testaferro de Correa, Antoine Sánchez y la administradora de las empresas de Correa, Felisa Jordán.

Las detenciones se produjeron por su implicación en una supuesta trama de corrupción urbanística y cobro de comisiones ilegales ligada al Partido Popular. Casi dos años después, cumplen prisión preventiva Correa, Crespo y Sánchez.

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