Insiste en que su papel es un "mero control de legalidad" sin entrar en "cuestiones de oportunidad" que "exceden" sus competencias
VALLADOLID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El jefe del Servicio de Intervención y Fiscalización de la Consejería de Economía y Hacienda, Ignacio Pascual Aramburu, ha defendido este lunes que el proyecto del Hospital Universitario de Burgos (HUBU) fue "totalmente legal", sin entrar en "cuestiones de oportunidad" sobre el mismo, algo que "excede" sus competencias.
Durante su comparecencia ante la Comisión de Investigación que estudia en las Cortes los posibles sobrecostes en la realización del proyecto, Pascual Aramburu ha insistido en que su papel es un "mero control de legalidad", es decir, de comprobación de que los modificados presentados por el órgano de contratación cumplan con la normativa vigente, sin entrar en si eran oportunos o no.
Asimismo, el jefe de la función interventora ha aclarado también que la exigencia o no de responsabilidades a la sociedad concesionaria por los incumplimientos del pliego de cláusulas del proyecto "no corresponde" a su departamento.
El compareciente ha explicado que el primer modificado tenía un "coste cero" para la administración, mientras que en el caso del segundo, que sí implicaba un sobrecoste para la adquisición de nuevo equipamiento, llegó con los informes correspondientes de responsables de la Gerencia Regional de Salud y de la Consejería de Sanidad que lo justificaban, unos informes que para la Intervención, gozan de "presunción de validez". "No los podemos cuestionar", ha subrayado.
Tras ello, se produjo una intervención para la comprobación material de las inversiones que en los primeros casos fueron "negativas" porque el equipamiento "aún no estaba instalado" y, más tarde, aún faltaba la licencia municipal para su puesta en funcionamiento.
Después de insistir en que su control se limita al órgano de contratación y no a la sociedad concesionaria, Pascual Aramburu ha admitido que si bien en el momento de esas comprobaciones materiales se detectaron "algunas irregularidades" respecto al pliego de cláusulas, si bien dicho órgano de contratación "consideró que el hospital estaba ya en condiciones de entrar en funcionamiento".
En este sentido, ha recalcado que, aunque "cualquier modificación en el objeto del contrato debe someterse a la función interventora", no es ése el caso de "la aprobación técnica del proyecto".
En cuanto al cumplimiento de las cláusulas contenidas en el pliego, el jefe del Servicio de Intervención y Fiscalización ha admitido que sí son de su competencia aquellas de ámbito financiero, pero "no así otras como el servicio de menús a los pacientes", por poner un ejemplo.
Pascual Aramburu también se ha referido a la falta previa de fiscalización en el primer modificado, el cual presentaba un coste cero para la Administración, una omisión de petición de informe preceptivo que "no es algo habitual", pero "tampoco infrecuente" y, en cualquier caso, "cuando ocurre, se subsana", como en este caso, según ha defendido.
MODIFICADOS
Por lo que se refiere a la modificación del coste del proyecto en más de un 50 por ciento sobre el presupuesto inicial, el jefe de Intervención ha respondido al procurador de Ciudadanos Manuel Mitadiel que "tampoco fue infrecuente" hasta que en 2011 se aprobó la Ley de Economía Sostenible, la cual "de una vez" puso "coto" a las modificaciones de los contratos.
Finalmente, Ignacio Pascual Aramburu ha defendido que la información facilitada por el organismo de contratación "fue completa" y en virtud de ella realizaron su labor fiscalizadora.
Precisamente Manuel Mitadiel ha mostrado su preocupación por los "agujeros y fallos del sistema" que hacen que los modificados en el HUBU sean "normales" y ha lamentado que, "sin discutir la legalidad" de las actuaciones, "nadie haya entrado en el fondo y las haya cuestionado".
Por su parte, el procurador socialista Luis Briones se ha preguntado "cómo es posible" que faltara el trámite preceptivo inicial de la labor interventora "en un proyecto tan grande" como el del HUBU, que "no es comparable a otros" de menor enjundia en los que también haya podido ocurrir, pero ha advertido de que no se trata de "decir que ha fallado la intervención ni cuestionar sus informes".
En su turno, el procurador de IU y portavoz del Grupo Mixto, José Sarrión, ha recordado que la sociedad concesionaria "no cumplió con los plazos comprometidos" sin que "nadie fuera informado" y sin que se iniciara "ningún proceso sancionador", por lo que se ha preguntado "dónde se encuentra la responsabilidad".
La procuradora de Podemos Laura Domínguez ha querido saber "hasta qué punto" conoce la Intervención los informes del proceso del HUBU y ha sugerido que "quizá el problema no esté en la forma".
Por último, el procurador 'popular' Ángel Ibáñez ha lamentado "que se ponga en duda el leal saber y entender" de los técnicos de la Junta de Castilla y León y ha destacado que en los informes de la Intervención "no hay objeción alguna a los modificados" por considerar que "respondían al interés general y estaban suficientemente justificados".
