El juez de 'La Perla' alude a la posibilidad de dejar fuera a algunos de los investigados

Actualizado 06/02/2018 19:39:31 CET

Sin embargo, rechaza el sobreseimiento pedido por Trillo, Martín Tobalina y Jiménez Blázquez a la espera de practicar más pruebas

VALLADOLID, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El instructor del 'Caso de La Perla' entiende que de lo actuado hasta la fecha se desprende ya la posibilidad de que algunos de los muchos investigados puedan quedar fuera del proceso, si bien ha optado por no tomar una decisión al respecto a la espera de las distintas diligencias y testificales aún pendientes.

El juez César Gil Margareto, a través de un auto al que tuvo acceso Europa Press en fuentes jurídicas, justifica así la denegación de las solicitudes de sobreseimiento cursadas en concreto por Pablo Trillo, Carlos Martín Tobalina y José Manuel Jiménez Blázquez, los tres vocales en su día del Consejo de Administración de Ade Parques, el primero actual delegado territorial de la Junta, el segundo director general de Industria y Competitividad y viceconsejero de Empleo en funciones y el último de los tres director general de Calidad y Sostenibilidad.

Continúa así como investigada una treintena de personas, entre ellas los tres anteriores, por malversación en las operaciones de alquiler y compra del Edificio de Soluciones Empresariales de Arroyo ('La Perla'), así como de terrenos para el fallido polígono industrial de Portillo y el alquiler de la sede de la Junta en Bruselas.

El instructor, cuya resolución se produce también a propuesta de la Fiscalía de Valladolid, hace constar en su auto que "los cambios" en la acusación pública exigen un periodo razonable de reflexión y estudio antes de adoptar una resolución procesal definitiva o de cierta relevancia.

Así, tras recordar que el procedimiento se va alargando en exceso desde hace años, insiste en que "las diligencias ya practicadas hacen vislumbrar la existencia de una serie de indicios que apuntan hacia una dirección determinada, con la clara distinción ya entre aquellos de los investigados que tuvieron una participación en los hechos y permitiendo ir descartando en mayor o menor medida la participación de otros".

Reconoce el derecho legítimo de aquellos investigados a exigir una pronta resolución al menos en lo que respecta a ellos. "En atención a ello, transcurridas las próximas declaraciones, a cuya espera la coherencia obliga, y a falta de otras diligencias ya acordadas, concediendo con ello el plazo razonable de reflexión y estudio aludido, el instructor estará en condiciones ya de resolver sobre las pretensiones ahora deducidas", concluye.

INVESTIGAR EL FLUJO DE DINERO DESDE UNIFICA

Entre esas nuevas pruebas, el instructor ha estimado como más relevante la petición formulada por la Fiscalía de Valladolid para que, a la mayor brevedad, se requiera a la Policía Judicial a fin de que recabe información sobre el flujo de pagos de ADE Parques a Unifica Servicios Integrales S.L. entre 2009 y 2010--recibió más de 4 millones por la señalética y división del edificio de 'La Perla'--y entre ésta y otras mercantiles.

Por ello, el jueza ha acordado analizar los negocios jurídicos que ampararon dicho trasvase de cantidades por parte de Unifica Servicios Integrales, Ade Parques, Abascal Consultores S.L, Monari Consultores S.L, Tecnicyl S.L, Prosertel Germar S.L, Soincom S.L, Nioma S.L. y Parqueolid Promociones, mercantil que en el año 2009 recibió de la primera de las citadas un total de 1.424.728 euros.

Fiscalía recuerda que Unifica Servicios Integrales realizó, sin procedimiento administrativo alguno de contratación, la adjudicación directa de prestaciones que, por su cuantía, deberían haberse licitado con arreglo a la Ley de Contratos del Sector Público y normas internas de contratación de la sociedad Ade Parques, de ahí que el ex viceconsejero y ex secretario de Economía, Rafael Delgado, en cuanto ordenante de los pagos, esté siendo investigado por prevaricación administrativa, sin perjuicio de otras posibles calificaciones.

De ahí la petición de la acusación pública, estimada por el instructor, de que "se recaba de los administradores de las sociedades referidas, a través de la Policía Judicial, a la mayor brevedad posible, los negocios jurídicos que amparen tales flujos de pagos entre las empresas indicadas".