Foto: NUEVA RUMASA
ÁVILA/MADRID, 16 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Ávila ha prorrogado hasta este lunes, 16 de enero, el plazo para que los dos interesados en la compra de Chocolates Elgorriaga presenten avales o garantías de pago de las ofertas realizadas, un periodo en el que además podrá pujar por la fábrica cualquier otro posible interesado.
En una providencia dictada el 5 de enero, a la que tuvo acceso Europa Press, la magistrada María Carmen del Peso ha determinado además que la escritura de transmisión de la fábrica deberá otorgarse antes del 31 de enero.
La juez accede así a la solicitud de la administración concursal para ampliar el plazo, "teniendo en cuenta la dificultad para obtener financiación de cualquier entidad bancaria en la actual coyuntura de crisis".
A los interesados se les ofrece la opción de presentar un aval para hacer frente a los compromisos que deben asumirse para la adquisición de la unidad productiva o un depósito en la cuenta de consignaciones del Juzgado por 200.000 euros.
El empresario asturiano Rodolfo Cachero y la empresa abulense Cronoble, representada por Gijsbertus Cornelis Maria Correl, han sido los dos únicos interesados hasta el momento en la compra de la unidad productiva y las marcas de Chocolates Elgorriaga, empresa que pertenece al conglomerado de Nueva Rumasa.
Los importes de ambas ofertas rondan los 4,5 millones de euros fijados como mínimo por el juez, con una diferencia entre ambas de 12.000 euros, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.
Elgorriaga cuenta con un déficit patrimonial próximo a los 58 millones de euros, ya que sus activos están valorados en 6,4 millones, frente a unas deudas contraídas de 64 millones.
La juez autorizó la venta ante la imposibilidad de presentar una propuesta de convenio a los acreedores, al no tener alternativas de refinanciación, y por petición expresa de la administración concursal, integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, José Rafael Sánchez como representante de los acreedores, y el abogado Miguel Ángel Martín de Miguel.