VALLADOLID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León ha autorizado al consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, a formalizar el convenio específico de colaboración en materia de gestión electoral entre la Administración General del Estado -Ministerio del Interior- y la autonómica.
El objetivo de este acuerdo es facilitar la gestión y llevar a cabo con eficacia el operativo electoral de los comicios del próximo 24 de mayo.
La Administración del Estado, con motivo de las próximas elecciones del 24 de mayo de 2015, ha suscrito diversos convenios marco de colaboración en materia de gestión electoral con las comunidades autónomas.
En lo que respecta a Castilla y León, la Consejería de la Presidencia, en el ejercicio de sus competencias en materia de gestión de los procesos electorales -decreto 32/2011, de 7 de julio-, suscribirá con el Ministerio del Interior el correspondiente convenio específico de colaboración sobre gestión electoral que concreta el acuerdo marco.
Debido a la coincidencia de fecha de las elecciones municipales y autonómicas y, pese a que cada administración tiene sus propias competencias en materia electoral, la celebración de procesos conjuntos justifica la necesidad de adoptar determinadas soluciones comunes que faciliten la gestión electoral y permitan llevar a cabo de manera eficaz y eficiente el operativo electoral.
Dicha colaboración se materializará en la creación de una Mesa electoral común, con el fin de utilizar de manera compartida determinados recursos e infraestructuras, y una Comisión de Seguimiento.
MESA Y COMISIÓN
La Mesa Electoral Común tiene como objetivo utilizar de manera compartida determinados recursos e infraestructuras como las dietas de los miembros de las mesas electorales, la asistencia a personas con problemas de audición, la instalación de Mesas Administradas Electrónicamente (MAE), el acondicionamiento de los locales y el material electoral -urnas, cabinas, soportes señalizadores, impresos, sobres electorales, manual de instrucciones para los miembros de las mesas electorales y distribución del material-.
La Comisión de Seguimiento, de carácter bilateral y paritario, será la encargada de realizar la supervisión de las actuaciones previstas y resolver las dudas y controversias que surjan tras la aplicación e interpretación del convenio. Estará constituida, al menos, por dos representantes de la Comunidad y dos representantes de la Delegación del Gobierno en Castilla y León.
Ambas administraciones acuerdan concretar el coste de diferentes partidas como el apoyo a las juntas electorales; la selección, nombramiento, retribución, seguro y formación de los representantes de la Administración; o la infraestructura para la captura y difusión de datos.
La colaboración también se amplía a la publicación de los decretos de convocatoria, el intercambio de resultados, el posible transporte de electores, la información sobre la los permisos laborales y la garantía de gratuidad del voto de los electores residentes en el extranjero -voto CERA-.
Finalmente, cada una de las partes se compromete a la elaboración y presentación ante la Comisión de Seguimiento de un informe que incluya, en todo caso, una valoración económica del proceso.
