Lino Rodríguez presenta al exgerente de Asaja como 'factotum' del fraude

Lino Rodríguez y su esposa, en el banquillo.
EUROPA PRESS
Actualizado 20/06/2018 17:23:13 CET

Las acusaciones han retirado los cargos contra la esposa

VALLADOLID, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La mejor defensa es un buen ataque, o al menos esa es la máxima que tanto el expresidente de Asaja en Valladolid, Lino Rodríguez y su esposa, Ana de la F, han puesto en marcha para justificar su inocencia y presentar al que fuera gerente de dicha organización profesional agraria, Fernando Redondo, como 'factotum' del fraude en el cobro de subvenciones a la Junta de Castilla y León en sendos expedientes tramitados a través de la mercantil Campo de Peñafiel S.L. por importe global de más de un millón de euros.

El matrimonio ha compartido banquillo este miércoles en el Juzgado de lo Penal número 4 de Valladolid acusado de un delito continuado de falsedad en documento mercantil y dos de fraude en el cobro de subvenciones, si bien finalmente tanto el fiscal como la Junta han retirado los cargos contra la esposa y han mantenido la petición para él, de entre cuatro años y nueve meses, como solicita la acusación pública, y los siete que interesa la Administración regional.

 En su declaración, el exlíder de Asaja en Valladolid, Lino Rodríguez, ha apuntado desde el principio hacia el entonces gerente de dicha OPA, Fernando Redondo, del que ha asegurado que fue la persona que se hizo cargo de tramitar las dos polémicas subvenciones, una de ellas, la primera, al objeto de solicitar a la Junta una ayuda de 783.000 euros para la construcción de una nave de almacenamiento y envasado de patatas presupuestada en 2 millones y otra, que no llegó a percibirse, por 252.000 euros, para distintas mejoras en las mismas instalaciones, sitas en Peñafiel.

 Aunque la mercantil promotora era Campo de Peñafiel, de la que Lino era administrador "honorífico", tal y como ése se ha autodefinido, el acusado, en declaraciones recogidas por Europa Press, ha insistido a lo largo del interrogatorio en que la decisión de solicitar ambas subvenciones se acordó en una reunión en Peñafiel entre los socios de la mercantil, constituida por agricultores de la zona, y que de las mismas se hicieron cargo tanto Fernando Redondo como la también técnico de Asaja Valladolid María de los Ángeles Falces.

 "Eran las personas que históricamente se hacían cargo de ello y gozaban de total confianza", ha sostenido Lino Rodríguez, a pesar de que cuando fue interrogado por estos hechos en noviembre de 2014 demostró peor memoria y alegó entonces que la tramitación la llevaban técnicos de la organización cuyos nombres no recordaba.

 En esa tramitación, en la que se falsificaron documentos para engordar cantidades que se presentaron a la Junta al objeto de cobrar un mayor importe subvencionable, Lino Rodríguez ha mencionado como únicos autores de los hechos a ambos técnicos, con especial mención a Fernando Redondo, del que asegura que "falseó talones y facturas como churros", incluso, según sostiene, la solicitud de liquidación cursada ante la Junta una vez acometidas las obras y en la que aparecía la firma del exlíder de Asaja.

 "¡Esta firma no es mí, ni parecida!", ha espetado Rodríguez, quien ha recordado que de los cientos de cheques que aparecen en las presentes diligencias, únicamente están firmados por él uno o dos. De hecho, el acusado ha precisado que idéntica situación se ha producido en otras sociedades vinculadas a Asaja, entre ellas Remolacheros Valladolid, en las que se falsificaron infinidad de facturas a su nombre.

 A este respecto, Rodríguez, al igual que su mujer, insisten en que el autor de tales falsificaciones es Fernando Redondo, hasta el punto de que por tal motivo fue cesado tras descubrirse las distintas irregularidades cometidas en la tramitación de la segunda subvención y en otra que había promovido, "con facturas falsas", en otra provincia ajena a Valladolid.

LA VIDA DESORDENADA DEL GERENTE

 Pero además, ha enmarcado el cese del entonces gerente en otras razones, entre ellas por mantener una vida un tanto desordenada. "Fue una decisión de los socios porque también le quitaron el carné saliendo del casino a altas horas de la noche y de distintos locales", ha añadido Lino Rodríguez, sin llegar a especificar la naturaleza de estos últimos establecimientos.

 Por su parte, Ana de la F, que ha compartido banquillo con su marido en calidad de cooperadora necesaria pero contra la que se han retirado los cargos, ha dirigido también sus 'baterías' contra el exgerente de Asaja Valladolid como único autor de la multitud de falsificaciones de facturas y ha explicado que Sodeprim SL, constituida entre ella y Lino para trabajos de asesoría fiscal, se limitó a apuntar todos y cada uno de los documentos que le iba suministrando el aludido para tramitar las subvenciones.

 "¡Por favor, quiero dejar muy claro que ni yo ni Sodeprim hemos tramitado una sola subvención, ni estas ni otras de otro tipo. De ello se encargó directamente Fernando Redondo!", ha zanjado.

 Los aludidos, tanto Fernando Redondo como la que fuera técnico de Asaja María de los Ángeles Falces, han negado rotundamente la autoría de cheques, talones y facturas falsificadas, hechos precisamente por lo que inicialmente llegaron a figurar como imputados en la causa abierta por la Fiscalía vallisoletana.

 Redondo ha negado incluso que ejerciera el puesto de gerente y se ha limitado a indicar que su participación se limitó al control de la ejecución de las obras y los contactos con los proveedores de las mismas, sin que en momento alguno se hiciera cargo de la tramitación del expediente administrativo para el cobro de las subvenciones.

 La presente causa es distinta de otra, declarada compleja, que se sigue contra el exlíder de Asaja Valladolid en el Juzgado de Instrucción número 5 a raíz de una denuncia del extesorero de la asociación, Alberto Cano, sobre supuestas irregularidades en la gestión contable de la organización agraria.

 Al inicio del juicio por las subvenciones percibidas por Campo de Peñafiel S.L, el letrado defensor de Lino Rodríguez ha invocado ante el juez la vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y al derecho a utilizar todos los elementos de prueba, fundamentalmente una prueba pericial caligráfica, no estimada, sobre las firmas y letra aparecidas en los documentos para tratar de acreditar que no fueron realizadas por su cliente.


-. Firma: AEC .-