ÁVILA, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Obispado de Ávila apostó hoy por "abrir un nuevo camino de diálogo entre las instituciones implicadas" tras la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a desmontar el presbiterio de la Catedral para dejar al descubierto las tumbas en las que han sido enterrados los prelados abulenses desde el siglo XV.
A través de un comunicado recogido por Europa Press, desde el Obispado señalaron que es necesario "buscar una conciliación entre los dos fines que ha de cumplir un edificio histórico de estas características", de forma que sea compatible el culto divino y la utilización del espacio para actos litúrgicos, con la posibilidad de que las laudas episcopales puedan ser contempladas.
"Las obras de adaptación del presbiterio se hicieron con la oportuna licencia de la Junta de Castilla y León y conforme a un estudio consensuado por cuatro arquitectos, dos por parte de la Catedral y dos por parte de la Administración regional", señalaron las mismas fuentes, argumentando que "se pretendía adaptar más fielmente el presbiterio a las normas emanadas del Concilio Vaticano II, superando la situación de provisionalidad en que se encontraba desde la década de los 70 con una plataforma de madera que ocupaba el mismo espacio del actual presbiterio".
La Real Academia de la Historia, por su parte, anunció que pedirá la ejecución de la sentencia tan pronto como los autos se devuelvan al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León--lo que ha hecho el Tribunal Supremo es desestimar el recurso del Obispado contra la sentencia del Tribunal Superior--y que vigilarán el desarrollo de unas obras que, a su juicio, tienen que ponerse en marcha "de forma inmediata".
Según explicó Manuel Álvarez-Valdés, que ha defendido la postura de la Real Academia de la Historia en este asunto, "no se trata de impedir el culto divino", sino de hacerlo "compatible".
Destacó, en este sentido, que "ha prevalecido la tesis de que el patrimonio histórico ha de ser conservado y que no se pueden hacer disparates como se hizo en Ávila con la autorización de la Junta de Castilla y León".
