Piden un nuevo embargo a los Ruiz-Mateos por 64 millones de euros por el 'agujero' en Elgorriaga

 

Piden un nuevo embargo a los Ruiz-Mateos por 64 millones de euros por el 'agujero' en Elgorriaga

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NUEVA RUMASA
Actualizado 21/02/2012 19:57:19 CET

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La administración concursal de Chocolates Elgorriaga ha presentado una demanda de calificación del concurso de acreedores de la firma como culpable, en la que solicita un embargo por valor de 64 millones de euros a José María Ruiz-Mateos, sus seis hijos varones y los dos administradores de la empresa.

En la demanda, los administradores concursales proponen embargar los derechos de cobro que pudiera tener la familia Ruiz-Mateos ante una eventual resolución a su favor en los litigios abiertos por la expropiación de la antigua Rumasa, informaron a Europa Press en fuentes jurídicas.

En concreto, sostienen que, además de los Ruiz-Mateos como administradores "de hecho", son culpables del concurso la sociedad Bleta Internacional como accionista única y los administradores de derecho de la empresa: Zoilo Pazos, sobrino del empresario gaditano, y Susana Álvarez Ampuero, considerada testaferro de los Ruiz-Mateos en la causa penal que sigue la Audiencia Nacional.

La administración concursal argumenta que todos ellos son culpables del concurso por agravamiento de la insolvencia y les acusa además de irregularidades contables, "inexactitudes graves" en la documentación presentada, incumplimiento del deber de presentar concurso cuando marca la normativa e incumplimiento del deber de colaboración, según las mismas fuentes.

Las inexactitudes en la documentación se refieren a las pérdidas de la sociedad, que declaró unos 'números rojos' de 1,7 millones de euros en 2010, cuando en realidad se elevaban a 2,4 millones.

Con las medidas solicitadas, los administradores concursales buscarían cubrir el déficit patrimonial de la compañía, cifrado en 64 millones de euros.

Está en marcha la venta de la unidad productiva de la empresa a petición de la administración concursal, integrada por el economista y socio de Dictum Abogados Aurelio Gurrea, José Rafael Sánchez como representante de los acreedores y el abogado Miguel Ángel Martín.

El Juzgado de lo Mercantil de Ávila cerró el viernes el plazo de presentación de ofertas vinculantes para comprar la fábrica y las marcas, por las que pujó el empresario asturiano Rodolfo Cachero, cuyas condiciones se conocerán previsiblemente esta semana.

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