VALLADOLID, 20 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los propios peritos de los Samaniego, los mismos a quienes éstos encomendaron un informe pericial para rebatir los sobrecostes de los que vienen siendo acusados por el Ayuntamiento de Valladolid en la ejecución de distintas obras municipales, reconocen que el grupo de empresas del que fuera jefe de Mantenimiento percibieron honorarios por encima de los de mercado y que incluso cobraron por algunos trabajos no ejecutados.
Así lo han asegurado a Europa Press fuentes jurídicas del Ayuntamiento de Valladolid tras la testifical prestada durante más de dos horas ante la juez de Instrucción número 4 por parte de los peritos P.M.F. y V.M.R, cuya comparecencia había sido solicitada expresamente por el propio Luis Alberto Samaniego, principal investigado de la presunta trama, tras encargar a ambos técnicos que ratificaran una pericial que pretendía desmontar los sobrecostes por importe de 298.000 euros que el Servicio de Intervención municipal imputa a su grupo de empresas haber cobrado en los ejercicios de 2013 y 2014.
Aunque la testifical de P.M.F. y V.M.R, el primero arquitecto técnico que presta sus servicios a tres ayuntamientos palentinos y titular de una empresa privada y la segunda su ayudante, respondía a una pericial de parte y, por ello, se suponía favorable a los intereses de los Samaniego, las mismas fuentes sostienen que la prueba ha venido a confirmar que el Consistorio vallisoletano, personado en la causa como acusación particular, resultó perjudicado al encomendar al grupo de empresas del ya exjefe de Mantenimiento la ejecución de distintas obras menores.
Si el informe del Servicio de Intervención tan sólo ha analizado 245 facturas de los ejercicios 2013 y 2014, del total de 1.317 formalizadas en el periodo 2000-2014 por importe de 11 millones, en las que se habría producido un sobrecoste de 298.000 euros, la pericial encargada por los Samaniego se circunscribe únicamente a 41 obras--el 1,5%--en las que los autores reconocen una desviación de 4.000 euros en favor de las empresas investigadas.
Fuentes municipales critican tanto el escaso número de facturas rastreadas por los autores del informe como el hecho de que su elección no fuera aleatoria sino para beneficiar a los Samaniego, al ser las menos perjudiciales, y ello a pesar de que incluso no sólo reconocen sobrecostes de 4.000 euros sino también que las empresas del exjefe de Mantenimiento llegó a facturar por cinco o seis obras no ejecutadas.
6.700 EUROS POR MONTAR UN ANDAMIO
Entre estas últimas figurarían 2.100 euros por un bordillo en un colegio que no se llegó a efectuar, si bien los peritos aseguran haber hablado con la directora y ésta les indicó que las tareas finalmente ejecutadas, por importe de 4.000 euros, fueron para reparar goteras del tejado, circunstancia que fuentes del Consistorio apuntan que podría enmarcarse en un presunto delito de falsedad documental.
Pero además, la pericial de parte vendría a reconocer, según las mismas fuentes, la percepción de 6.700 euros por supuestos trabajos de reparación de una marquesina en la Plaza de la Solidaridad, en el barrio de La Victoria, que en realidad quedaron limitados al mero montaje de un andamio y cuyo coste real fue de unos 600 euros.
Las críticas municipales al informe pericial de los Samaniego incluye el hecho de que éste toma como base de precios la denominada 'Centro', aplicada por una empresa de Guadalajara, y utiliza como referencia el ejercicio de 2015, mucho más elevados de los costes que regían los trabajos efectuados en 2013 y 2014, periodo en el que se ejecutaron las polémicas obras.
METÍAN UN 4,5% A MAYORES
Pero además, los peritos presentados por los Samaniego habrían reconocido, siempre según fuentes jurídicas municipales, que a la hora de facturar por los trabajos ejecutados las empresas de los investigados no sólo incluían el 13 por ciento de gastos generales y el 6 por ciento de beneficio industrial sino también otro 3 en concepto de seguridad y salud laboral y un 1,5 por revisión y control de calidad.
En este caso, ese 4,5 por ciento resultante de la suma de estos dos últimos porcentajes habría sido incluido de forma ilegal ya que los mismos ya estarían incluidos en ese 13 por ciento de gastos generales, tal y como establece el Reglamento de Contratos de las Administraciones Públicas, con la particularidad de que el 1,5 por ciento aplicado en concepto de revisión y control de las obras efectuadas tampoco debería haber sido incluido ya que el Ayuntamiento ya tiene contratada una empresa específica para este cometido.
Aunque hasta la fecha Intervención Municipal tan sólo ha verificado 245 facturas del periodo 2013-2014, del total formalizado con el grupo de empresas de los Samaniego desde 2000, la juez del caso ha encargado ahora a los técnicos del Ayuntamiento el rastreo de las correspondientes a 2011 y 2012, tarea para la que tienen de plazo máximo hasta el día 28 de febrero.
Los últimos interrogatorios del caso se produjeron el pasado día 14 de octubre de 2016 en las personas del exjefe del Centro de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego, su hijo Luis Javier, el primo del primero y expresidente de la Asociación Vallisoletana de Empresarios de la Construcción (Aveco) en la década de los 80, Antonio Bernardo Samaniego, y el contable del grupo de empresas de la familia, Miguel Ángel Rodríguez Patín, todos ellos.
Todos ellos declararon como investigados y por segunda vez desde que se abrieran las presentes diligencias, además de que también testificó el interventor municipal, Rafael Salgado, pero este último por vez primera y en calidad de testigo.
A los investigados y sus empresas se les atribuye haberse beneficiado de la adjudicación de obras y servicios municipales por importe de 11,2 millones de euros en el periodo de 2000 y 2014.
