El PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de dejar sin trabajo a más de la mitad de los mineros de León

 

El PSOE acusa al Gobierno de Rajoy de dejar sin trabajo a más de la mitad de los mineros de León

Actualizado 03/12/2014 14:49:00 CET

LEÓN, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE leonés ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de dejar sin trabajo a más de la mitad de los mineros de León, situación que los socialistas han calificado de "escalofriante".

El PSOE ha explicado que, según las últimas cifras de afiliación a la Seguridad Social, entre noviembre de 2011 y el pasado mes la provincia de León ha perdido más de 1.000 activos en el Régimen Especial de la Minería del Carbón.

"Hace tres años la provincia contaba con 2.000 trabajadores en el sector, frente a los escasos 1.000 del momento actual", ha agregado el partido en un comunicado.

Además, el PSOE ha manifestado que los datos del paro minero acumulan cinco meses consecutivos de subidas con medio millar de desempleados más sólo en el último año.

El secretario general del PSOE de León, Tino Rodríguez, ha censurado que "la actual y desesperada situación" del sector tiene "un claro culpable, el PP" porque "desde el mismo momento en que llegó al poder empeñó todo su esfuerzo en acabar con la minería del carbón de la que siguen dependiendo comarcas enteras en la provincia de León".

Rodríguez ha manifestado que las políticas del PP, además de "pretender aniquilar un sector estratégico para la economía española", también "dinamitan la economía doméstica de miles de familias leonesas a las que les quita el trabajo y no les ofrece ninguna esperanza de futuro".

El líder socialista ha acusado a los diputados y senadores del Partido Popular de León de "traicionar de manera reiterada a las cuencas mineras", y ha añadido que "el PP de Eduardo Fernández ha puesto su rúbrica en la sentencia de muerte del sector minero".

En este sentido, ha dicho que Eduardo Fernández, presidente del PP de León, rechazó en el Congreso de los Diputados, junto a su grupo, todas las enmiendas socialistas a los Presupuestos Generales del Estado, que exigían 356 millones de euros más para salvar a la minería.

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