VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha reconocido este viernes que "impacta" la petición de penas de nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación para el exregidor, Francisco Javier León de la Riva, por la firma de las cartas de conformidad y ha explicado que la Asesoría Jurídica municipal busca "el menor perjuicio" para los encausados.
En declaraciones a los medios de comunicación, el primer edil del PSOE ha querido reflexionar que en el año 2011 en el Ayuntamiento "se tomó una decisión muy equivocada por no decir a los ciudadanos la verdad", lo que llevó a solicitar tres préstamos consecutivos que "no se podían pagar" y ahora "se pagan las consecuencias", las cuales figuran "en el Código Penal".
Puente ha reconocido que la petición de penas de nueve años de cárcel y 33 de inhabilitación al exalcalde es "dolorosa" pero responde a la "aplicación de la ley", ya que mientras la asesoría jurídica pidió tres años entendiendo que las tres firmas de las cartas de conformidad suponen un delito "continuado", la Fiscalía lo ve como tres hechos distintos, por lo que multiplica por tres la pena.
De hecho, Puente ha reconocido que "parece difícil sostener que sea un delito continuado" porque las tres firmas se realizaron con "varios años de diferencia", lo que ha justificado en la intención de la Asesoría Jurídica de "buscar el menor perjuicio para los encausados". Cabe recordar que, junto a León de la Riva, figuran en el proceso el exconcejal de Movilidad Manuel Sánchez y el actual edil del PP y responsable del Área de Hacienda en su día, Alfredo Blanco.
En todo caso, ha recalcado que "para eso está el tribunal", en primer lugar para decidir "si hay base para condenar" y luego "si hay un delito o tres".
El regidor ha incidido en subrayar que el equipo de Gobierno de León de la Riva quiso "mantener una mentira" y por ello "hubo quien tomó decisiones muy equivocadas" y ahora "hay que pagar un precio que, lamentablemente, está establecido en el Código Penal".
Puente ha recalcado que, en el momento en que se firmaron las cartas de conformidad "el soterramiento estaba ya muerto", pero "no se fue consciente de la realidad" y se pidió un préstamo de 80 millones "que no se pudo pagar", se pidió otro de 200 millones para poder avanzar en el proyecto ferroviario pero "tampoco se podía pagar" y se pidió otro de 400 para poder pagar los anteriores y "ni se podía pedir, porque ya se superaba el límite de endeudamiento, ni se podía pagar".
Mientras tanto, ha explicado que el actual equipo de Gobierno ha actuado "en defensa del interés público", y ha apuntado que además de tener una reclamación de los bancos por 88 millones de euros, el Ayuntamiento está como "moroso en el Banco de España por la dichosa Comfort Letter", lo que afirma que "va a ocasionar problemas" en un procedimiento de licitación de un préstamo para este año, por lo que tiene que tratar de "levantar esa mácula".
El regidor vallisoletano ha defendido "decir a la gente la verdad y ser responsable", ya que "alguien tenía que poner fin" a la "mentira" del soterramiento y ha sido el actual equipo de Gobierno, que ha dicho "la verdad" aunque sea "menos atractiva que la que se vendió", pues es "mucho más difícil decir que el soterramiento no se puede hacer y que hay que optar por otras soluciones".
