VALLADOLID, 28 (EUROPA PRESS)
El juez de Penal número 1 de Valladolid ha pospuesto a mañana miércoles su decisión de si activa finalmente o no las órdenes de busca y captura contra el empresario jerezano José María Ruiz Mateos Jiménez de Tejada, después de que su abogado presentara a última hora documentación justificativa de su incomparecencia, por ingreso hospitalario de urgencia, en el juicio fijado para hoy contra él y uno de sus hijos por supuesto fraude fiscal superior a 8 millones de euros.
El juez Álvaro de Aza Barazón tiene previsto estudiar mañana dicha documentación antes de acordar si ordena la busca y captura del fundador del Grupo Rumasa, cuya incomparecencia ha obligado a aplazar para el día 20 de octubre el juicio debido, según la justificación de la defensa, a su ingreso de urgencia esta misma madrugada en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz de Madrid.
La suspensión de la vista, con la conformidad de todas las partes, obedece a que es absolutamente imprescindible que el procesado asista al juicio cuando la pena solicitada para él supera los dos años, como es este el caso.
OBSTÁCULOS AL FORENSE
No obstante, el juzgador no considera en principio justificada la ausencia del empresario, máxime cuando desde que el pasado viernes ya comunicó su indisposición, según ha advertido el fiscal, ha estado poniendo trabas a que un forense de Madrid acudiera a su domicilio para someterle a un reconocimiento.
Por ello, la activación o no de las referidas órdenes contra Ruiz Mateos están a expensas del estudio que este miércoles efectuará el juez respecto de si su ingreso hospitalario de urgencia no es una nueva estratagema del procesado para eludir la acción de la Justicia.
Ruiz Mateos y su hijo, del mismo nombre, se exponen cada uno a una condena de diez años de prisión, frente a los ocho años que el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por la Agencia Estatal Tributaria, solicitan para la mujer imputada, Encarnación Solana Contreras, así como al desembolso entre los tres de multas que globalmente se elevan a los 126 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.
En su escrito de calificación provisional, las acusaciones imputan a los Ruiz Mateos la comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, con utilización de persona interpuesta y de especial gravedad, atendiendo al importe defraudado, y solicitan para cada uno de los dos procesados cinco años de prisión por cada delito y el pago de multas de 18 millones por la defraudación correspondiente al Impuesto de Sociedades y otros 29 millones por la defraudación relativa al IVA.
La tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, en calidad de cooperadora necesaria, se expone a dos penas de cuatro años por cada uno de ambos delitos y al pago de multas por importe de 12 y 20 millones por la defraudación del Impuesto de Sociedades y del IVA, respectivamente.
De tales cantidades, los acusadores sitúan a Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. como responsable directa y solidaria. Además, a todos los acusados se les impondría por cada uno de los delitos la imposibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social por un periodo de seis años.
Los hechos se remontan a 2008, cuando los Ruiz Mateos, aprovechando las relaciones comerciales que tenían con los propietarios de la mercantil vallisoletana Perfil Inmobiliario Extramuros S.L, ofrecieron a estos últimos hacerse con la propiedad de su sociedad.
UNA FINCA EN REUS QUE SEXTUPLICA SU VALOR
Aunque la firma de la venta de participaciones, sin abonar cantidad alguna, no se materializó hasta el 30 de marzo de 2009 en favor de otra sociedad pantalla llamada Sandersfierld Limited, con domicilio en Belice, 'paraíso fiscal', con anterioridad, el 22 de julio de 2008, siguiendo las instrucciones de los Ruiz Mateos, Perfil Inmobiliario Extramuros S.L. adquirió una finca en Reus por importe de 6.005.060,52 euros.
La empresa vallisoletana vendió a posteriori dicha finca a SNH-Participaciones SL por 35.999.999 euros. En el acto de firma de la escritura de venta compareció la tercera imputada, Encarnación Solana Contreras, a quien los Ruiz Mateos colocaron en calidad de administradora única pero que en realidad, según sostienen el Ministerio Fiscal y la acusación particular, ejercida por el Abogado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, era simplemente una testaferro que ya realizaba tareas administrativas en otras entidades pertenecientes al grupo de empresas del industrial jerezano.
Tras la venta de la finca, Perfil Inmobiliario no presentó declaración de sociedades del año 2009, ascendiendo la cuantía tributaria defraudada por este concepto a 3.021.994,15 euros, importe al que habría que sumar otros 4.957.517,12 euros correspondientes al IVA no ingresado por la operación de venta de la finca de Reus, con lo que el montante global superaría los 8 millones de euros.
-. Firma: AEC .-
Foto: EUROPA PRESS
