Posición de Comunidad para que el Tercer Sector mantenga en 2018 la financiación del IRPF

Foto de familia de la consejera y el Tercer Sector.
EUROPA PRESS
Actualizado 08/05/2017 14:06:53 CET

El primer acuerdo de este tipo en España tras el fallo del Constitucional que obliga a modificar modelo de asignación

VALLADOLID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

Castilla y León es la primera comunidad en la que su Gobierno autonómico, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha sellado con el denominado Tercer Sector un acuerdo para que las entidades que lo conforman, destinadas a atender a los colectivos más vulnerables, sigan percibiendo en 2018 al menos idénticas cuantías de las asignadas en 2017 a través del nuevo modelo de financiación del IRPF que habrá que consensuar entre la Administración central y las autonomías.

Ello viene motivado por la reciente sentencia del Tribunal Constitucional, de 23 de enero de 2017, que estimó parcialmente el conflicto de competencias interpuesto por la Generalitat de Cataluña que obliga al Gobierno, a la hora de convocar subvenciones para programas de interés general con cargo a la asignación tributaria del 0,7% del IRPF, a acordar un nuevo marco regulador con las CCAA que respete la competencia exclusiva que éstas ostentan en materia de servicios sociales.

En este contexto, y dado que 2017 ha sido considerado como un año de transición, el departamento de Alicia García y el Tercer Sector, integrado en Castilla y León por un total de 118 entidades, han 'cerrado filas' para firmar un acuerdo o "posición de Comunidad" que, en palabras de la consejera, "garantiza que en 2018 dichas asociaciones recibirán como mínimo las mismas asignaciones que este año, de forma que no se perderá ni un solo euro de la financiación que se ha recibido en la última convocatoria de ayudas", en concreto 20 millones de euros que permitieron financiar en la región un total de 353 proyectos.

"Es un acuerdo para dar estabilidad y certezas a las organizaciones que componen el Tercer Sector", ha explicado García, y refleja además la postura de Castilla y León respecto de ese nuevo modelo que habrá que consensuar, ya que hasta entonces era la Administración general la que resolvía la asignación y las comunidades se limitaban a informar, mientras que ahora en el último Consejo Interterritorial de Servicios Sociales se apostó por unanimidad un modelo de gestión mixta con un tramo estatal y otro autonómico desde el punto de vista competencial".

Así, la consejera ha subrayado que "Castilla y León ha defendido siempre que es necesario dar estabilidad, certidumbre y garantizar al Tercer Sector esos fondos y, también igual de importante, que dichas cuantías se destinen exclusivamente a programas de interés general", como los que han tenido hasta ahora por beneficiarios a la infancia y la familia, los jóvenes, las mujeres, las personas mayores y con discapacidad, personas dependientes, con problemas de drogodependencia, el pueblo gitano, inmigrantes, afectados por VIH, reclusos, LGTB, personas sin hogar o en riesgo de exclusión.

"LA FUERZA DE LA UNIDAD"

Precisamente, el presidente de Cermi, Franscisco Sardón, ha puesto en valor el hecho de que Castilla y León se haya convertido en la primera comunidad en cerrar un acuerdo de este tipo que "formaliza y visibiliza esa fuerza de unidad" alcanzada entre el sector y la Administración regional, mientras que el presidente regional de Cruz Roja, José Varela, ha recordado que el pacto rubricado se realiza también en términos de "sensibilidad y solidaridad", sobre todo teniendo en cuenta que la Comunidad recibe mucho más a través de estos fondos de lo que recauda.

Por ello, ambos representantes, al igual que los presidentes autonómicos de Cáritas y EAPN, Antonio Jesús Martín de Lera y Daniel Duque, respectivamente, han trasladado a la consejera toda la "unión y la fuerza" del Tercer Sector de cara a próximas reuniones en el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia para que lleve una voz unánime que defienda los intereses de los más vulnerables de Castilla y León.

El acuerdo establece también que se coordinarán y consensuarán entre ambas partes los programas que se financien con cargo a la asignación tributaria que reciba la Comunidad con el resto de financiados desde la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Para ello se constituirá un equipo de trabajo mixto y también se creará un grupo de trabajo que establecerá un marco de colaboración en el futuro para la orientación, gestión y mejora de los programas.

Al mismo tiempo, se garantiza la continuidad de los programas de inversión que hubiesen sido financiados en ejercicios anteriores con cargo a la asignación tributaria y aún no se hubieran finalizado.

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