Terapeutas ocupacionales de CyL recurren el decreto de la Junta sobre centros de atención a personas mayores

Publicado 13/10/2017 12:44:06CET

VALLADOLID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Colegio de Terapeutas Ocupacionales de Castilla y León (Coptocyl) ha recurrido en vía contencioso-administrativa el Decreto de la Junta sobre autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención de personas mayores en la Comunidad, considerado lesivo para intereses de los profesionales.

El ya conocido como 'Decretazo 14/2017', publicado con "alevosía en las puertas del mes de agosto y de entrada en funcionamiento de forma inmediata", merma notablemente, a juicio del Coptocyl, la presencia de la figura del Terapeuta Ocupacional y de otros profesionales de los equipos técnicos de atención, del personal necesario en las residencias de mayores.

La organización colegial entiende que la normativa sitúa la figura del profesional como parte prescindible e intercambiable del conjunto de servicios que la persona mayor hasta ahora tenía como equipo profesional que le permitía no perder su independencia y autonomía.

"Esto no es una cuestión baladí en población de esta edad y características, y la supresión de estos servicios en las residencias puede desembocar en un rápido y grave deterioro de su salud, tanto física como cognitiva, que tendrán que afrontar pagando profesionales externos a partir de ahora, si se lo pueden permitir", denuncia el Coptocyl a través de un comunicado recogido por Europa Press.

El colegio ha solicitado -hace ya varias semanas- una reunión con la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García Rodríguez, sin haber obtenido contestación por parte de ésta.

Aunque el Coptocyl sigue a la espera de una contestación, al analizar el conjunto de hechos ("la difícil comunicación, la publicación y entrada en vigor del decreto en una fecha objetivamente poco oportuna y la ausencia de respuesta a día de hoy"), traslada públicamente su malestar ante sus sospechas sobre la "profunda ausencia de interés en comunicarse con los grupos profesionales afectados por dicho decreto".

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