El TSJCyL eleva a 185.000 euros la indemnización de Lauki a un trabajador que se quemó el 65% del cuerpo

Actualizado 01/10/2011 15:31:41 CET

Ha estimado el recurso presentado por la víctima y ha incrementado la cuantía inicial, de 161.000 euros, en otros 24.000

VALLADOLID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha elevado a un total de 185.512 euros la cantidad con la que Central Lechera Vallisoletana S.L. (Lauki) deberá indemnizar a un trabajador que en noviembre de 2004 se quemó el 65 por ciento de su superficie corporal al ser alcanzado por un chorro de agua hirviendo cuando trataba de cambiar la bomba averiada de un uperizador, según informaron a Europa Press fuentes jurídicas.

Si en su momento Lauki salió airosa en vía penal y tres de sus representantes, el que fuera consejero delegado de Lauki en Valladolid, Roberto M.A; el jefe de Seguridad, Lisardo G.T, y el jefe de Equipo de Producción, José Pedro G.T, fueron absueltos por el Juzgado de lo Penal número 2, en la vía laboral una sentencia del Juzgado de lo Social número 4 impuso a la mercantil el pago de 161.000 euros de indemnización por incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales.

Dicho fallo fue recurrido por el propio lesionado ante la Sala de lo Social del TSJCyL, con sede en Valladolid, a fin de que dicho tribunal incrementara la cuantía de la indemnización, pretensión que ha sido estimada parcialmente, de forma que a esa cifra inicialmente consignada habrán de sumarse otros 24.000 euros tras ratificar el tribunal la falta de medidas de seguridad por parte de la empresa lechera.

A esa sentencia se suma además otro fallo anterior, también en vía laboral, dictada por el Juzgado de lo Social número 3 y posteriormente ratificada por el TSJCyL y ahora por el Tribunal Supremo, que reconoce a la víctima el derecho a percibir en su pensión mensual un recargo de prestaciones del 30 por ciento que, de igual modo, habrá de abonar Central Lechera Vallisoletana S.L. (Lauki).

Los hechos se produjeron sobre las 19.00 horas del día 12 de noviembre de 2004, fecha en la que el lesionado, quien trabajaba para Lauki como operario de mantenimiento desde 1990, recibió una llamada telefónica para que se personara en la sala de uperización de la empresa, sita en la Avenida de Santander de Valladolid, debido a que se había producido un fallo en la bomba número 3 del Uperizador UPE 2000.

El trabajador, dado que el operador de la bomba averiada estaba ocupado en otras labores, fue ayudado en la tarea de sustitución de la misma por el jefe de Equipo, J.P.G.T, pese a que, tal y como entendían las acusaciones, precisaba del auxilio del primero debido a su conocimiento de la máquina y ante al riesgo que entraña ese tipo de operaciones.

Sin embargo, el jefe de Equipo decidió ayudarle y trasladarse a la sala contigua para proceder a la apertura del filtro, a través del cual salía el vapor.

La citada apertura se realizó sin contar con el auxilio de una pantalla o display del UPE 2000 que se hallaba en la sala donde estaba el jefe de equipo pero que estaba desconectada, al haberse cortado la corriente por motivos de seguridad. Dicho mecanismo permitía saber la cantidad de agua que aún había en la bomba, con lo que el operario herido, privado de esa información y tras recibir el visto bueno del jefe de Equipo, abrió el filtro y fue entonces cuando el agua hirviendo y a presión que aún había en el circuito le alcanzó de lleno.

A causa de ello, Víctor G.G, de 38 años por aquellas fechas, casado y con dos hijos, sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en el 65 por ciento del cuerpo, lo que le obligó a recibir tratamiento médico y quirúrgico.

En concreto, fue sometido a cuatro operaciones, permaneció 87 días hospitalizado--dos meses en la Unidad de Quemados de Getafe y otro mes en Valladolid--y tardó en curar de las lesiones un total de 805 días, pese a lo cual le quedaron graves secuelas físicas y psíquicas, hasta el punto de que el Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha reconocido una incapacidad permanente absoluta y la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de la Junta un grado de minusvalía del 76 por ciento.