TSJCyL ilegaliza la norma regional de Uniones de Hecho que impide inscribirse a personas sin permiso de residencia

 

TSJCyL ilegaliza la norma regional de Uniones de Hecho que impide inscribirse a personas sin permiso de residencia

Publicado 02/05/2017 12:51:29CET

VALLADOLID, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL) ha declarado nula la norma del Reglamento Regional de Uniones de Hecho que impedía la inscripción a personas que carecían de permiso de residencia.

La sentencia, según la Comisión legal del 15M de Salamanca, condena en costas a la Junta y reconoce que la Administración regional estaba realizando una interpretación irregular de la configuración jurídica de la pareja de hecho, al solicitar "permiso de residencia" para acreditar la residencia habitual de los solicitantes en la inscripción en el registro de uniones de hecho regional, cuando sólo sería necesario el certificado de empadronamiento.

Además, reconoce que se estaría utilizando de forma desviada y abusiva el reglamento para impedir la regularización legal de las personas extranjeras, vulnerando principios y derechos fundamentales al generar un trato desigual (art. 14 CE) y desprotegiendo a la familia, un deber de las administraciones públicas recogido en el art. 39 de la Constitución.

Esta nueva resolución judicial no solo reconoce el derecho de los recurrentes a inscribirse, pues la sentencia, "y aquí radica su gran importancia, también declara la nulidad del art. 11 del citado reglamento que regula el registro, por lo que obliga a la expulsión de dicho precepto del ordenamiento jurídico y posibilita que la actual discriminación desaparezca para toda la comunidad de Castilla y León, beneficiando por tanto a miles de personas en nuestra región y fuera de ella, al servir de precedente para solucionar un problema que está afectando a cientos de miles de personas en nuestro país".

En opinión del referido colectivo, esta situación de discriminación frente a las parejas de nacionalidad española o comunitaria venía produciéndose desde 2010, "cuanto la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, introdujo como requisito para la inscripción la presentación de permiso de residencia y con el interés evidente de impedir el acceso al registro de las personas que carecieran de dicho documento con arreglo a la ley de extranjería, incluyéndose estudiantes en situación de estancia, voluntarios o personas en situación administrativa irregular, conocidas como 'sin papeles'".

La Comisión Legal del 15M de Salamanca, a través de un comunicado recogido por Europa Press, entiende que esta política es un ejemplo más del "racismo institucional del PP, siendo impugnada por numerosos ayuntamientos que en uso de sus competencias han regulado registros de parejas de hecho de carácter municipal, evadiendo así la normativa regional, como ha sido el caso más reciente del Ayuntamiento de Salamanca, y precisamente con el objetivo de facilitar el registro a las parejas de personas sin permiso de residencia".

No obstante, el colectivo denuncia que esta política discriminatoria no sólo ha venido desarrollándose en Castilla y León, sino allí donde el PP ha gobernado en todo el país, como es el caso de Valencia o Castilla La Mancha. En esta comunidad ya la Defensoría del Pueblo en su Recomendación de 22 de enero de 2014 solicitaba la supresión de este requisito por no considerarlo necesario, sin entrar en especiales consideraciones jurídicas.

Del mismo modo, los grupos políticos de las Cortes de Castilla y León, debatieron una proposición no de ley en el pleno de 22 de febrero de este año, a instancias del Grupo Municipal Ganemos Salamanca y el Grupo de Ciudadanos, y en la que se solicitaba dar solución a este problema en los mismos términos, "siendo rechazada por el Partido Popular aun contando con el apoyo del resto de la cámara".

No obstante, esta sentencia del Alto Tribunal castellanoleonés es fruto de una anterior, dictada en el mes de julio del pasado año por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº2 de Valladolid, que estimó el recurso contencioso interpuesto contra la decisión de denegar la inscripción en el Registro de Castilla y León de Uniones de Hecho a una pareja, residente en Salamanca, en la cual uno de los miembros carecía de permiso de residencia.

La sentencia del juzgado de lo contencioso-administrativo Valladolid, sin embargo, resolvió que el requisito exigido por el artículo 11. 1 de la Orden M/1597/2008, de 22 de agosto que regula el registro en Castilla y León "es contrario a los principios constitucionales y a la configuración jurisprudencial de la institución de las parejas de hecho, así como es contrario al principio de no discriminación por el lugar de residencia".

No obstante, dicha resolución no anuló el reglamento al carecer de competencia para ello, cosa que sí ha realizado el TSJ, al recurrir en apelación el letrado de la Comunidad.

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