Unidad responsable en las universidades para la detección precoz de malos tratos

Valladolid. García y Rey con los rectores de CyL
EUROPA PRESS
Publicado 21/03/2017 13:53:06CET

VALLADOLID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las universidades de Castilla y León contarán con una "unidad responsable" que, en coordinación con los servicios sociales, llevará a cabo distintas actuaciones para detectar actos o identificar víctimas de violencia de género, garantizar la atención inicial e inmediata a esas víctimas y orientar y canalizar los recursos adecuados a cada necesidad concreta desde la voluntariedad y la confidencialidad.

Según ha explicado la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, cada institución universitaria tendrá libertad para desarrollar esta "unidad responsable" con la creación de una por cada una de las nueve que hay en Castilla y León, que luego decidirán cómo la desarrollan en cada uno de sus campus.

Esta es una de las principales novedades del 'Protocolo de detección y actuación de detección y actuación ante situaciones de violencia de género en el ámbito universitario' suscrito este martes entre las consejerías de Educación y de Familia e Igualdad de Oportunidades con los rectores de las nueve universidades en un "salto de calidad" en la implicación de las instituciones universitarias en la lucha contra la violencia de género, en palabras del consejero, Fernando Rey.

El objetivo es que cada "unidad responsable" del procedimiento mantenga una "actitud proactiva" en la detección precoz de las situaciones de maltrato para prevenir las secuelas más negativas e, incluso, impedir que llegue a los límites que pongan en grave peligro la vida de las víctimas.

De este modo, toda alumna, profesora o mujer del personal de administración y servicios que considere que están ejerciendo sobre ella violencia de género podrá dirigirse a la unidad responsable del procedimiento de su universidad para obtener ayuda y asesoramiento. Cuando la situación lo requiera la unidad propondrá al órgano universitario que corresponda las medidas urgentes de protección para la víctima y se podrán solicitar medidas de apoyo y colaboración externas al centro para asegurar la atención, protección y seguridad de la presunta víctima, en particular de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

En el caso de que la víctima presente lesiones que requieran asistencia sanitaria o se sospeche su existencia aunque no sean visibles se llevarán a cabo las "gestiones oportunas" para garantizar la atención médica de la víctima. Si la unidad constata indicios de violencia de género informará a la víctima de sus derechos y de los recursos asistenciales existentes y, si la universidad dispone de servicios de atención jurídica, psicológica o de otro tipo, la unidad se pondrá en contacto con ellos para agilizar el proceso, además de remitir el caso al CEAS correspondiente al lugar de residencia de la víctima.

Por último, si el supuesto agresor es miembro de la comunidad universitaria propondrá al órgano competente la puesta en marcha de los mecanismos internos oportunos, "sin perjuicio de los procedimientos previstos legalmente". Si se trata de un trabajador de la universidad, podrá proponer "medidas provisionales" relativas a las condiciones de trabajo de las personas implicadas mientras se tramitan los procedimientos pertinentes.

FORMACIÓN CONTINUA Y ESPECIALIZADA

Otra de las novedades de este protocolo pasa por potenciar el área de formación con el impulso de la inclusión de contenidos de igualdad y contra la violencia de género acordes con las competencias, objetivos y contenidos propios de cada titulación, la elaboración de textos de apoyo o materiales didácticos encaminados al impulso de la igualdad de género y lucha contra la violencia de género.

García ha apuntado en concreto al desarrollo de programas de formación continua y especializada en materia de igualdad y violencia de género dirigidos a estudiantes y docentes en titulaciones cuya actividad profesional tiene mayor repercusión en su erradicación y en la atención a las víctimas, como son los ámbitos de la educación, la sanidad, los medios de comunicación o el derecho, con el objetivo de preparar a los alumnos en el respeto de la igualdad para su adecuada incorporación al ámbito laboral.

La consejera ha explicado que el objetivo es convertir de alguna manera a los futuros profesionales en "agentes de igualdad" a través de esa formación especializada.

Para el consejero de Educación, la implicación de las universidades en la lucha contra la violencia de género es un tema "capital" en un asunto en el que "no se puede bajar la guardia" ya que, según ha advertido, la prevención y las actuaciones no caen del árbol como la fruta madura sino que se trata de una "conquista de civilización" que hay que conseguir "día a día".

Para ello, Junta y universidades se comprometen a desarrollar líneas de actuación para la promoción de la igualdad y la sensibilización en valores de igualdad, tolerancia, respeto y no violencia como la implantación de la igualdad de género en todas las políticas universitarias adoptadas por la Administración educativa, actualizar y evaluar el Plan de Igualdad de la Universidad o realizar un informe anual de las actuaciones llevadas a cabo en materia de igualdad de género.

Finalmente, las actuaciones propuestas en materia de sensibilización e información abordar la colaboración continua para lograr que la universidad sea un "foro permanente" de debate y reflexión sobre este problema. García ha recordado a este respecto que hay un "porcentaje considerable" de jóvenes que tienen percepciones erróneas en materia de igualdad a lo que se une que existe falta de percepción de la violencia de control y la asunción de peligrosos estereotipos machistas.

Así, ha puesto como ejemplo los resultados de la encuesta 'IgualesUVA' según la cual casi el 55 por ciento de los universitarios encuestados no sabe definir correctamente la violencia de género. Cerca de un 20 por ciento de las mujeres de Castilla y León registradas como víctimas en el sistema de información de Servicios Sociales tienen entre 18 y 30 años y, en 2016, un 25,5 por ciento de las mujeres atendidas por los distintos servicios de este sistema estaban en esa misma franja de edad.

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