VALLADOLID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autonómos (UPTA) en Castilla y León se dirigirá a la Junta y las Cortes para que insten al Gobierno central a aprobar una moratoria extraordinaria antes de final de año para los arrendamientos de renta antigua, ya que considera que más de 10.000 negocios comerciales pueden estar en peligro en la Comunidad por la finalización de los contratos.
El hecho de que el próximo día 1 de enero expire la moratoria para la finalización de la vigencia de los denominados arrendamientos de renta antigua supone que una gran mayoría de trabajadores autónomos deban renegociar las condiciones de alquiler, viéndose abocados a asumir un importante incremento del precio de los mismos.
En Castilla y León el número de locales afectados puede llegar a diez mil, especialmente en el centro de las capitales y en los cascos antiguos de algunas de las localidades más importantes, según advierte UPTA CyL a través de un comunicado recogido por Europa Press.
Por esta razón, el colectivo se ha unido a la Plataforma de afectados con alquileres de renta antigua, denominada 'No al Cerrojazo'. Su objetivo es reclamar al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios que se modifique la Disposición Transitoria Tercera de la LAU, estableciéndose un régimen transitorio consistente en una nueva moratoria de diez años, asumiendo un incremento razonable y una actualización adecuada de los precios del alquiler durante este nuevo periodo.
La anterior moratoria se aprobó debido a los problemas económicos que entonces sufría el país tras la crisis de 1993, situación que para Manuel Ramos, secretario general de UPTA CyL, es "sin duda mucho más grave hoy, en particular para los sectores más afectados por la medida, como son el comercio al por menor, talleres de reparación, hostelería o pequeños alojamientos hoteleros".
Ramos trasladará a los grupos parlamentarios presentes en las Cortes de Castilla y León una propuesta para que por unanimidad se dirijan al Gobierno de la Nación con el fin de instar esta moratoria.
Así, en su opinión, no se perjudicará gravemente no sólo los intereses sociales y económicos de un buen número de comerciantes castellano leoneses, sino que también se evitaría la consiguiente degradación urbanística de los ejes comerciales y la pérdida de atractivo turístico de algunas ciudades.
