Los socios no dan por muerto el proyecto ferroviario, pero lo plantean como una "solución para la integración" en términos "realistas"
VALLADOLID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha acordado este martes convocar una Junta General en el mes de enero en la que "lo más probable" es que se decida instar a la convocatoria de concurso de acreedores, lo que a su vez plantearía como opción "más clara" la disolución de esta entidad como instrumento para desarrollar el proyecto ferroviario.
Así lo han explicado este martes el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, el presidente de Adif, Juan Bravo Rivera, y el consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quienes han participado en la Junta General Extraordinaria y la reunión del Consejo de Administración celebradas en la sede de la Sociedad en Valladolid.
En ella, ante la "complicada situación económica" de la Sociedad y la negativa del Ayuntamiento de Valladolid a asumir las condiciones que ponía el Ministerio de Fomento para aportar directamente 130 millones de euros con los que hacer frente a parte del préstamo pendiente, se ha entendido que "por responsabilidad, lo más razonable" es la convocatoria de una nueva Junta General en la que, por el momento, la opción más probable parece el inicio de un concurso de acreedores.
En ese nuevo escenario, el representante de Adif ha matizado que la disolución de la Sociedad, creada en el año 2003, es "probablemente una de las situaciones" a las que habrá que hacer frente, si bien ha considerado que "no es ningún drama" para el futuro del proyecto de integración del ferrocarril en la ciudad.
El alcalde ha señalado que el motivo de esta decisión es la situación económica "muy complicada" de la entidad, ya que debe hacer frente, "no sólo a los vencimientos pasados" del préstamo --62,5 millones aun sin pagar cumplen este día 31--, sino a los del futuro inminente --75 millones más el 1 de enero--, además de los intereses trimestrales. "La sociedad no tiene recursos para hacer frente. No se puede continuar con esta situación", ha enfatizado el regidor.
El propio Puente ha recordado que Adif había planteado el anticipo de 132,5 millones para cubrir los vencimientos inminentes, a cambio de que los socios se comprometieran a "la asunción de la deuda" bien fuera a través del pago de intereses o mediante un compromiso escrito que, a juicio del equipo de Gobierno formado por el PSOE y Valladolid Toma la Palabra, el Ayuntamiento "no está en condiciones de asumir por razones estrictamente legales".
Cabe recordar que el Consistorio tenía un compromiso con el préstamo mediante la Carta de Conformidad firmada en 2011 por el exalcalde del PP Francisco Javier León de la Riva, la cual fue anulada por acuerdo plenario del Ayuntamiento hace unos meses debido a que se consideraba que estaba suscrita de forma irregular y que, además, el reconocimiento de la deuda correspondiente al Consistorio --125 millones-- implicaría graves consecuencias financieras a las arcas municipales, pues superaría por mucho el límite establecido por la Ley de Administraciones Públicas.
En este sentido, el nuevo presidente de Adif, quien este mismo martes ha entrado a formar parte del Consejo de Administración de la Sociedad, ha lamentado que el Ministerio ha hecho "todo lo posible" por hacer frente a la difícil situación económica, pero en la reunión se ha demostrado que "no era posible a través de esa vía alcanzar un acuerdo que dejara satisfechas a todas las partes".
"El sentido común que tenemos como administradores de la Sociedad nos aboca a convocar junta general para tomar esa decisión de instar al inicio del concurso de acreedores", ha añadido Bravo, quien ha recalcado que no se puede hablar de un "fracaso" de la entidad, sino de una decisión afrontada "con realismo" ya que los planteamientos iniciales de la sociedad, basados en la financiación mediante las operaciones urbanísticas con el suelo que quedase liberado, "ya no son viables".
A este respecto, Puente ha tratado de ser duro pero "descriptivo" y ha aseverado que "la Sociedad Valladolid Alta Velocidad ha muerto como instrumento para materializar la operación ferroviaria", aunque ha defendido que los socios --Adif, Renfe, Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León-- mantienen la intención de abordar la integración del ferrocarril en la ciudad "pero con planteamientos realistas".
"PARTIR DE CERO"
"No se renuncia en absoluto al soterramiento, a una solución ferroviaria", ha recalcado el alcalde, quien ha incidido en que se buscará una solución conjuntamente con Adif pero esta será ya al margen de la Sociedad, porque con ella, ha ejemplificado Puente, el soterramiento comenzaría "no sólo de cero, sino con -404 millones".
"Trabajar desde este momento, partiendo de cero y sin el lastre que supone la situación de la sociedad va a ser más sencillo, sabiendo cuales son las responsabilidades de las partes para buscar una solución óptima", ha añadido posteriormente el presidente de Adif.
En esta idea ha incidido también el consejero de Fomento, quien ha reflexionado que el "objetivo" de la Sociedad, como era poner en marcha un proyecto ferroviario en Valladolid, sigue vigente, pero el "instrumento" de la sociedad financiada con las plusvalías urbanísticas "no es válido", pues el escenario que existía en el momento de su creación, en 2003, "desapareció".
Así, Suárez-Quiñones ha recalcado que las administraciones implicadas seguirán adelante con el objetivo. "Lo importante es que los nuevos talleres se pongan en funcionamiento, mantener la carga de trabajo, y dar una solución ferroviaria adecuada a las expectativas y que sea razonable a la situación económica del Estado", ha incidido.
Mientras tanto, la Junta se compromete a "cumplir la legalidad mercantil y administrativa" en el marco del concurso de acreedores que previsiblemente se iniciará.
Por su parte, el presidente de Adif ha recalcado que la entidad y el Ministerio de Fomento no van a "eludir la responsabilidad" que asume con el proyecto de integración del ferrocarril en Valladolid, pues ha subrayado que desde el propio tren se puede observar que "el lado derecho necesita operación urbanística y de integración".
La situación concursal, según Bravo, no será "óbice" para que Adif se siente con las otras administraciones para ver cómo se puede afrontar el proyecto de integración del ferrocarril, aunque ha apuntado que habrá que apostar por "fórmulas de viabilidad diferentes", que "seguramente" pasen por "un calendario de aportaciones más razonable a lo largo de próximos años".
En este proceso, ha abogado por "dejar que los mecanismos concursales continúen con su trabajo", aunque ni Bravo ni Puente han querido especular con las opciones que habría para que las seis entidades financieras acreedoras recuperen la parte que se estime de las cantidades que debe la sociedad.
Otro de los acuerdos tomados hoy ha sido realizar unas aportaciones por parte de los socios para atender las obligaciones con los trabajadores de la Sociedad y sus gastos de funcionamiento mientras se inicia el concurso de acreedores.
OTRA DEMORA EN EL TRASLADO A LOS TALLERES
De los cometidos de la sociedad hay uno que esta muy próximo a concluirse, como es el traslado de las instalaciones al nuevo complejo de Talleres ya construido y su puesta en marcha, pero Bravo ha reconocido que el concurso de acreedores puede "alargar, aunque no mucho" el traslado, algo que ya cuenta con "el problema adicional" de la situación concursal en la que se encuentra a su vez una de las empresas proveedoras de maquinaria, ITK.
El presidente de Adif ha garantizado que trabajarán con el administrador concursal de la citada empresa, para "agilizar al máximo la puesta en marcha de los talleres", que liberará los terrenos urbanísticos de las viejas instalaciones.
