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El sector de vendedores de carburantes calcula que la Junta perderá 270 millones al bajar el consumo en lugar de recaudar más
VALLADOLID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
Una veintena de colectivos empresariales de Castilla y León ha firmado un manifiesto de rechazo al denominado 'céntimo sanitario', que consideran que la Junta ha decidido aprobar de forma "precipitada y poco meditada", que tiene una "dudosa legalidad en el marco europeo", pero además es un impuesto "inoportuno y desacertado" que generará nuevos problemas en lugar de solucionar la financiación del sistema sanitario.
El documento se ha presentado en un acto desarrollado en la sede de la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León (Cecale), cuyo presidente, Jesús María Terciado, ha sido el encargado de leer el manifiesto, al que se han adherido diversas organizaciones empresariales y asociaciones o representantes de sectores como el transporte de mercancías, en autobús, el sector del taxi, vendedores al por menor de carburantes y estaciones de servicio, ambulancias o autoescuelas.
En concreto, en el documento se pone de manifiesto el contexto económico que aún supone una "amenaza" para la sociedad castellanoleonesa con unas previsiones que no apuntan a una época de crecimiento, pero además se recuerda que la Comisión Europea aún no ha dado el visto bueno para que en España puedan existir diferenciaciones territoriales en el Impuesto Armonizado sobre Hidrocarburos.
En este marco, afirma que la Administración regional "decide aprobar de forma precipitada y poco meditada, la implantación del denominado 'céntimo sanitario', que por su dudosa legalidad en el marco europeo, es posible que próximamente deba ser reformado".
Además, en el manifiesto se asegura que el impuesto es "cuanto menos inoportuno y desacertado" con el que "a pesar de lo que se cree, no sólo no se solucionará el problema de financiación que tiene la sanidad pública, sino que se generarán otros nuevos".
Asimismo, los colectivos firmantes creen que la implantación de esta nueva carga, "que afecta directamente al consumo" y que redunda en empresas, trabajadores y familias, "falta al principio de solidaridad que debe de existir entre comunidades autónomas".
MENOS INGRESOS Y CONSUMO
En la misma línea, consideran que Castilla y León es un territorio de paso para el tráfico de camiones que "jugará a partir de la implantación de este nuevo impuesto con desventaja", dado que transportistas y turistas "harán sus cálculos y repostarán en las nueve comunidades limítrofes para abaratar sus facturas de combustible".
Otro de los aspectos en los que incide el texto es en la recaudación, ya que según las estimaciones realizadas por los distintos sectores, la pérdida de ventas en volumen de combustible en la Comunidad, debido a la "deslocalización del consumo", "pondrá en riesgo no sólo la recaudación que estima la Junta, sino también que ésta, precisamente por la deslocalización, sea menor".
A este respecto, Rafael Pizarro, en representación de los empresarios vendedores de carburantes de la Comunidad, ha explicado que un estudio indica que se dejará de vender entre un 40 y un 45 por ciento de los gasóleos y un 25 por ciento menos de gasolina y se ha mostrado preocupado por el "efecto frontera".
Según sus cálculos, la bajada de ventas haría reducir la recaudación calculada sobre las ventas pero también la que ha estimado la Junta con el nuevo impuesto, por lo que la Administración autonómica podría llegar a perder 270 millones de euros de ingresos en lugar de incrementar la recaudación. Además, el presidente de la patronal burgalesa, Miguel Ángel Benavente, ha asegurado a partir de una bajada del diez por ciento del consumo en los carburantes, la Junta perderá dinero.
Además, el presidente de la patronal palentina, Antonio Primo, considera que se podrían perder al menos 500 puestos de trabajo y 20 o 30 empresas se arruinarían, aunque en el sector del transporte podría ser peor, según el secretario de Fetracal (Federación de Transporte de Mercancías por Carretera), Miguel Olmo, "desaparecerán empresas completas, con la ruina del patrimonio empresarial y familiar".
MÁS COSTES Y MENOS CONSUMO
Por otra parte, en el manifiesto, además de considerar que se "quiebra" el principio de unidad fiscal y que se produce un "tremendo agravio comparativo" para con el resto de los españoles, se afirma que el nuevo impuesto afectará a las empresas suministradoras y perjudicará "seriamente" al sector del transporte, especialmente el de los pequeños y empresarios y autónomos, "quienes verán mermados sustancialmente sus resultados como consecuencia de un obligado incremento en los costes de producción" con una capacidad adquisitiva del consumidor que se ha visto "fuertemente reducida".
Finalmente, los diferentes colectivos consideran que aunque la financiación de la sanidad precise de un replanteamiento integral, entienden que los problemas que esta medida pretende solventar "pudieran encontrar mejores soluciones" con otras iniciativas encaminadas a mejorar la gestión, la externalización hacia la empresa privada de determinados servicios, independientemente de cuestiones de índole política como el copago sanitario, la financiación de las comunidades y los servicios que deben prestar por las competencias asumidas y, sobre todo, en la promoción del uso "adecuado, racional y necesario" de los servicios sanitarios.
Tras la lectura del manifiesto, Jesús María Terciado ha recordado que puede estar cerca un pronunciamiento sobre el recurso presentado contra este tipo de impuesto planteado desde Cataluña, que podría aceptarse por no cumplirse la legislación europea y gravar con otro impuesto.
En cuanto a posibles protestas por parte de los diferentes colectivos, el presidente de Cecale ha aclarado que la patronal castellanoleonesa no se "alentará" a los sectores a llevar a cabo acciones reivindicativas, pero apoyarán cualquier iniciativa en contra de la decisión de la Junta de implantar este impuesto. A este respecto, Fetracal no descarta alguna movilización porque las empresas "ya están yendo a la baja" y a partir del establecimiento del impuesto a algunas no les quedará más remedio que el "cese" de actividad.
Por su parte, Ascensión Martín, en representación de la Asociación Regional de Empresarios de Ambulancias de Castilla y León, ha destacado el hecho de que a ellos se les excluya del gasóleo profesional, por lo que no se les devolvería parte de lo recaudado.