Antón asegura que la escuela infantil "es y será pública" y transmite tranquilidad a las familias
VALLADOLID, 16 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Castilla y León propuso a la Junta que firme un convenio con las entidades locales para que aquella financie el servicio de guardería y se ponga fin así a la "discriminación" entre localidades generada por la existencia en la mayoría de ellas de escuelas infantiles de titularidad municipal.
Según explicó el procurador socialista David Rubio, la Ley de Transferencia de competencias entre la Comunidad autónoma y las entidades locales contemplaba el traspaso de la competencia sobre los centros de educación infantil de primer ciclo --de 0 a 3 años-- de titularidad de la Junta a los entes locales con asunción de la totalidad de los costes.
Sin embargo, indicó que la mayoría de las guarderías existentes son ya de titularidad municipal y que los ayuntamientos las gestionan "a sus expensas y sin recibir financiación" cuando las funciones son de competencia "exclusiva" de la Administración autonómica, lo que a su juicio da lugar a situaciones "discriminatorias" para muchos municipios y muchos ciudadanos de la Región dado que "unos tendrán educación gratuita y otros no".
"Mis preocupaciones son las preocupaciones de un alcalde --es regidor de El Espinar (Segovia)-- y de la Federación Regional de Municipios y Provincias, pues el 90 por ciento está en manos de titularidad municipal según las propias palabras del presidente de la Junta", señaló, al tiempo que recordó que el consejero de Interior y Justicia, Alfonso Fernández Mañueco, dijo que el Gobierno regional quería sentar las bases de los principios de capacidad de gestión y de suficiencia de los municipios.
"Cruje el principio de desigualdad", añadió Rubio, quien propuso al consejero de Familia e Igualdad de Oportunidades, César Antón, la firma de convenio para que la Junta financie los servicios y no se rompa así el principio de igualdad.
En respuesta, Antón aseguró que "no existe ni va a existir" tal discriminación y recalcó que las transferencias no las hace la Junta sino "la Ley", que establece la "garantía para todas las partes en la aceptación de competencias", y que la Administración regional financia no sólo la construcción de estas escuelas sino también su mantenimiento y funcionamiento para que este servicio sea "menos gravoso" para las familias.
"Financiamos además con ayudas directas los gastos de guardería", agregó, a la vez que garantizó que los precios públicos de la Junta para sus centros infantiles tienen "criterios sociales" y transmitió tranquilidad a las familias porque, según aseguró, éste seguirá siendo un servicio público.
