MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -
El entorno de la cervecera Damm considera precipitada la resolución por la que el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acordado abrir juicio oral contra el presidente de la compañía, Demetrio Carceller Arce, y su padre, y les da 10 días de plazo para abonar una fianza en concepto de responsabilidad civil por importe de 236,4 y 476,4 millones de euros.
Vinculan esta decisión con la situación del magistrado y su "posible cambio de destino inminente" tras salir su plaza a concurso por acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
En el auto dado a conocer este jueves, el juez central de Instrucción número 5 da el paso definitivo para sentar a ambos en el banquillo acusados de delitos contra la Hacienda Pública y de blanqueo de capitales que llevan aparejadas penas que, en el caso del padre, superan los 48 años de prisión.
Según las fuentes consultadas por Europa Press la situación del juez Ruz, responsable de la instrucción de importantes casos con gran repercusión mediática como es la trama 'Gürtel' y su propia situación profesional, pueden estar detrás de lo que consideran precipitación en el cierre de la instrucción de esta causa.
CAUSA EJEMPLARIZANTE
Fuentes cercanas a la defensa apuntan además que existe un interés por parte de la inspección de Hacienda de sentar precedentes ejemplarizantes así como asegurar la vigencia de la causa en previsión de un posible deterioro de la salud de Demetrio Carceller Coll, próximo a cumplir los 85 años.
Aseguran, además, que el auto de apertura de juicio se ha producido cuando aún está pendiente de fallarse el recurso interpuesto ante la Audiencia Nacional contra el auto del pasado mes de julio en el que Ruz dio por concluida la instrucción.
Alertan de que en el caso de estimarse el recurso tanto el auto de apertura como los correspondientes escritos de acusación quedarían anulados.
En octubre de 2013 el juez Ruz ya dictó un primer auto de cierre de instrucción y apertura de juicio, decisión que fue anulada por la Sala de lo Penal, que revocó el auto de apertura y sobreseyó las actuaciones contra Carceller Arce en enero de 2014.
Tras el recurso de la Fiscalía, fue el Tribunal Supremo el que dictó auto el 10 de junio de 2014 por el que se devolvía la causa al instructor para iniciar de nuevo el proceso con las debidas garantías jurídicas.
Según las mismas fuentes, sin embargo, las últimas diligencias practicadas por el juez Ruz, a petición de la defensa, se realizaron con una inusitada celeridad, y sin tiempo material para valorar toda esa prueba --que ocupa 6.000 paginas de informes y dictámenes--, el juez ha dictado de nuevo una resolución con un contenido idéntico al de 2013.
Recuerdan además que el presidente de la cervecera está imputado por el juez Ruz desde junio de 2013 en base a una supuesta cooperación necesaria en relación con inversiones de su padre, Demetrio Carceller Coll, en Estados Unidos que datan de la década de los 70, cuando Carceller Arce era menor de edad.
Ruz también ha enviado a juicio al considerado hombre de confianza del padre del presidente de la cervecera José Luis Serrano Flores y al asesor Gabriel Ignacio Petrus Labayen que tendrán que abonar 224,3 y 365,4 millones de euros, respectivamente.
Considera que ha quedado indiciariamente acreditado que los imputados crearon una trama defraudatoria a la Hacienda Pública en relación al impuesto sobre la renta de personas físicas, impuesto de patrimonio y de sucesiones.
Así, explica que al menos desde el año 90, Carceller Coll ocultó su domicilio real, que estaba en España, con el objeto de camuflar sus rentas y patrimonio a la Hacienda española, mediante estructuras fiduciarias radicadas la mayor parte de ellas en paraísos fiscales.
