Aviso: Esta noticia tiene más de un año. Última actualización: 27/02/2009 17:10
El Consejo de Ministros aprobó hoy el Real Decreto para la aplicación de las medidas del programa de apoyo al sector vitivinícola español, que sustituyen a las tradicionales medidas de regulación de mercado que se aplicaban hasta ahora.
Este documento tiene una gran repercusión en el sector agrario y, particularmente, en el sector del vino, de gran importancia económica y social en España. En concreto, beneficia a un total de 700.000 explotaciones que cultivan viñedo en España, con una superficie de 1.100.000 hectáreas y una producción media de 40 millones de hectolitros de vino y mosto anuales.
El valor de la uva producida asciende a un total de 1.120 millones de euros, a los que habría que añadir el valor añadido de la transformación, y una parte muy importante de la producción de vino y mosto, que puede situarse en el 40%, se destina a exportación, con un valor superior a los 2.000 millones de euros anuales.
La nueva normativa representa un cambio importante en las medidas de apoyo al sector, ya que se sustituyen las antiguas intervenciones dirigidas fundamentalmente a la regulación de mercado por iniciativas encaminadas a mejorar la competitividad del sector. Para estos fines, la UE destinará a España en 2009 un total de 465 millones de euros, de los 1.200 millones que dedica al sector.
El texto aprobado contiene la normativa básica para la aplicación de las medidas de promoción en terceros países, la reestructuración y reconversión del viñedo, la eliminación de subproductos de vinificación, y las destilaciones de alcohol para uso de boca y de crisis.
Con la promoción se pretende mejorar la posición competitiva de los vinos españoles y contribuir a la consolidación o a la apertura de nuevos mercados en terceros países, medidas en las que participarán el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino y las comunidades autónomas, con el asesoramiento de las organizaciones del sector y del Instituto de Comercio Exterior (ICEX).
En el apartado de reestructuración y reconversión de los viñedos, la norma otorga amplia libertad a los gobiernos autónomos para profundizar en la aplicación de estas medidas en función de sus necesidades.
Además, desarrolla los requisitos mínimos que deben tener los planes de reestructuración en cuanto al número de agricultores, superficies a reestructurar y tamaño de las parcelas, así como el coste de las distintas operaciones que serán financiables dentro de este marco.
Por otra parte, la eliminación de subproductos comprende la destilación de los mismos como medida de mejora de calidad de los vinos a elaborar, estableciendo los montantes de las ayudas a los destiladores, así como los plazos y condiciones para acceder a la ayuda. Además se establece la posibilidad de utilizar un procedimiento de retirada controlada mediante la presentación de un proyecto detallado.
En cuanto a la destilación de uso de boca, se fijan ayudas para adaptar al sector a la desaparición de una medida similar existente en la anterior normativa, mientras que también se contempla la posibilidad de proceder a la apertura de una destilación de crisis cuando las circunstancias lo requieran.