Fomento responde que no hay cifra cerrada para el Plan Vivienda 2018-2021 y que habrá que esperar al presupuesto 2018.
MADRID, 11 (EUROPA PRESS)
Ediles de Vivienda de los denominados 'ayuntamientos del cambio' de Valencia, Cádiz, Zaragoza, Santiago, A Coruña, Barcelona y Madrid han presentado este lunes las alegaciones correspondientes al Plan Nacional de Vivienda 2018-2021 ante el Ministerio de Fomento. Entre ellas se encuentra la demanda de dos mil millones de euros de inversión para 2018 o la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar, con el que se han reunido, ha trasladado a los representantes municipales que no hay cifra cerrada para el Plan Vivienda 2018-2021 y que habrá que esperar al presupuesto 2018.
Gómez-Pomar ha recalcado que la vivienda es competencia de las comunidades Plan 2018-2021 es de alto contenido social y que además ha sido fruto de "alto consenso" entre las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que participa en las reuniones sectoriales.
Los concejales de municipios gobernados por las candidaturas de confluencia en las que se integra Podemos se han reunido en el Ministerio de Fomento con el secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Julio Gómez-Pomar para presentar dichas alegaciones. En concreto, se trata de José Manuel Calvo (Madrid), Josep Maria Montaner (Barcelona), Eva Tubío (Cádiz), María Oliver (Valencia), Jorge Duarte (Santiago), Xiao Varela (A Coruña) y Pablo Híjar (Zaragoza).
Según han afirmado los concejales a Europa Press, el objetivo de exigir más inversión es "equiparar a España con el resto de países europeos en cuanto a políticas de vivienda", las cuales son, a su juicio, "un derecho fundamental recogido en el artículo 47 de la Constitución española". "El problema de emergencia habitacional lo seguimos teniendo todas las ciudades y creemos que es un error de Plan Nacional de Vivienda", ha apuntado la concejala valenciana.
Además, han explicado que, en la actualidad, el gasto destinado a vivienda de la Administración General del Estado supone el 0,059% del PIB, lo que equivale a 467 millones de euros en 2017 y han asegurado que si continúa con la tendencia actual de recortes en materia de vivienda, que han supuesto una reducción de 1.000 millones de euros en los últimos ocho años, las políticas públicas de vivienda desaparecerán en cinco años.
LEY DE ARRENDAMIENTOS URBANOS
Por otro lado, los ayuntamientos también han propuesto cambiar la Ley de Arrendamientos Urbanos puesto que, según ellos, se ha demostrado que en muchas ciudades la reducción a tres años que se llevó a cabo en la última actualización de la ley ha conducido a subidas de los precios muy por encima de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía.
Por ello, han aprovechado la reunión con Gómez-Pomar para pedir que se alargue la duración mínima de los contratos de tres a cinco años, lo que supone modificar el marco legal y normativo que protege a los inquilinos. "Hemos insistido en que para los propietarios es mejor cinco años que tres porque en tres años no se puede hacer ningún proyecto familiar", ha añadido el edil de Barcelona.
UN PLAN "SOCIAL" FRUTO DEL "CONSENSO"
Por su parte, Gómez-Pomar ha recalcado que "la reunión ha sido cordial y abierta" y ha insistido en que el Plan Nacional de Vivienda 2018-2021, el cual tiene "un marcado carácter social", es "fruto de un alto consenso por parte de las comunidades autónomas". El Gobierno aún no ha respondido a las demandas de los ayuntamientos, aunque ha asegurado que Fomento "estudiará todas las sugerencias".
La primera cuestión que ha trasladado Fomento a los ayuntamientos es que el Plan 2018-2021 es de alto contenido social y que además ha sido fruto de "alto consenso" entre las comunidades y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) que participa en las reuniones sectoriales.
El secretario de Estado ha recordado que proceso discusión del plan arranca en diciembre de 2016, que se dio tiempo para recoger propuestas y sobre esa base se elaboró un borrador el pasado mes de mayo, y se abrió otro periodo para recoger propuestas. Ha añadido que ahora se tramita el real decreto que ha tenido otra fase de audiencia trasladada a distintos ayuntamientos, tal como el de Barcelona del que han recibido alegaciones, y de algunas comunidades como Extremadura o La Rioja, o asociaciones, fundaciones benéficas y familias numerosas. Ha sido, ha recalcado, un "proceso dilatado" de recogida de opiniones de todos y que el real decreto se ha elaborado "con un alto grado consenso".
A juicio de Gómez-Pomar, las decisiones adoptadas desde Fomento han tenido todas efectos muy positivos. "La reforma de la Ley Arrendamientos ha permitido subir la participación de arrendamientos desde algo menos del 20 por ciento de 2011 a más de 22 por ciento en las fecha actual".
Ha señalado también que las medidas de la reforma de la normativa hipotecaria ha dado unas cifras importantes de caídas en desahucios. Así, ha aportado datos del tercer trimestre de 2017 del INE que ponen manifiesto una reducción de más de 58 por ciento del numero desahucios en vivienda habitual. Y en 2016 respecto a 2015 también se ha registrado una caída del 65 por ciento.
Asimismo, ha trasladado a los representantes municipales que no hay cifra cerrada para el plan vivienda 2018-2021 y que habrá que esperar al presupuesto 2018.
El secretario de Estado ha enfatizado que del ayuntamiento de Barcelona se han recogido buena parte de las sugerencias que hicieron, y que analizarán las que se han hecho en una reunión de hoy.
No obstante, ha recordado que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades, y que el Estado las apoya a través del Plan de Vivienda.
En cuanto a la modificación de la Ley de Arrendamientos, ha afirmado que la finalidad de esta normativa es "casar la demanda con la oferta", y ha argumentado de no ser así, difícilmente el mercado va a poner a disposición de una persona la vivienda que necesita. "Pensamos -ha dicho- que la reducción del plazo mínimo obligatorio para el arrendamiento de 3 años ha funcionado de forma correcta. Nada impide a quien arrendar una vivienda que lo haga con un contrato a 5, 10 o 20 años. Cada uno decidirá cual es el plazo que más le conviene".
En relación a los límites a los precios, ha señalado que esto es lo que ha hecho desaparecer el mercado de alquiler en épocas pasadas. "Si alguien que va a invertir en vivienda y la va a poner en alquiler tiene limitación de rentas, esto le llevará a no ponerla en alquiler. La cifra del 22 por ciento respalda que las medidas que tomamos va en dirección correcta", ha manifestado.
En todo caso, la transmitido que las cifras no están cerradas para el próximo año y habrá que esperar a los Presupuestos de 2018. Ha insistido en que las cuentas de 2018 marcan muchas políticas sociales muy importantes, como la política de apoyo a la vivienda, "que es competencia de las autonomías", pero también el pago de pensiones, de prestaciones desempleo y "asignar recursos de la mejor manera posible.
Este gobierno ha mantenido políticas sociales en épocas de crisis", ha rematado.
La Comisión de Fomento del Congreso de los Diputados aprobó en diciembre de 2016 la puesta en marcha del nuevo Plan Nacional de Vivienda para el periodo 2018-2021. Esta iniciativa supone la continuación del Plan Nacional de Vivienda desarrollado entre los años 2013 y 2016, prorrogando las ayudas durante el año 2017 debido a la imposibilidad de firmar un plan cuatrienal por encontrarse el Gobierno aún en funciones cuando expiraba el plazo del anterior plan.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona
