BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno de Ada Colau ha nombrado como comisionada de Tecnología e Innovación digital a Francesca Bria, que asesora a la Comisión Europea sobre políticas de Internet e Innovación y es experta en políticas de innovación social digital orientadas al bien común y a favorecer procesos de democratización.
La alcaldesa ha firmado el decreto de nombramiento de Bria, que dependerá de la primera tenencia de alcaldía y que tiene por objetivo liderar desde el sector público la transformación digital de la ciudad y poner la tecnología al servicio de los ciudadanos y de un nuevo modelo de economía colaborativa, ha informado el Ayuntamiento este lunes en un comunicado.
Bria trabajará para favorecer una visión más democrática, transparente y abierta de la tecnología que actualice el concepto de 'smart city' para adaptarlo a una visión de 'smart citizen and democratic city' --ciudadano inteligente y ciudad democrática--, en la que la implicación ciudadana sea clave.
"Las nuevas oportunidades que ofrecen las tecnologías digitales en ámbitos como la participación, la democracia, la transparencia y la proximidad a la ciudadanía pueden contribuir a una mayor democratización de las instituciones públicas", defiende Bria.
Apuesta por avanzar hacia un modelo en el que la innovación social, socioeconómica, ambiental y tecnológica esté al servicio de los ciudadanos para resolver sus problemas y empoderarlos, y defiende una tecnología libre, descentralizada y distribuida que va ligada a la transparencia y la apertura de datos por parte de gobiernos y ciudades.
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
Nacida en Roma en 1977, Bria tiene un doctorado en Economía de la Innovación por la Imperial College Business School de Londres y es graduada en Ciencias Sociales y Económicas por la universidad La Sapienza de Roma, además de coordinadora del proyecto D-Cent de la UE.
La nueva comisionada se encargará también de liderar el Institut Municipal d'Informàtica (IMI) para mejorar el funcionamiento y la prestación de servicios del instituto, ante el que el Gobierno municipal abrió una investigación en enero sobre la legalidad en la contratación de personal y servicios entre 2014 y 2015.
El contenido de esta noticia está elaborado en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona
